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Multa de 720.000 euros por verter más de un millón de litros de aceite

Dos devastadores incendios en Brenes provocaron la contaminación de un arroyo

Javier Martín-Arroyo

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prevé multar con 720.000 euros a la empresa portuguesa Sovena, responsable del vertido de más de 1.250.000 litros de aceite a un arroyo tras dos devastadores incendios el pasado julio en Brenes (Sevilla). El Ministerio de Sanidad retiró este aceite de girasol de los supermercados el pasado abril, al estar incluido en las partidas contaminadas por hidrocarburos llegadas desde Ucrania.

El aceite, que iba a ser reutilizado como biodiesel, contaminó un arroyo cercano al río Guadalquivir, ya que el pueblo carece de depuradora. Por este vertido, la CHG tramita un expediente sancionador de 600.000 euros "por falta muy grave" y 120.000 por los trabajos de reparación, que se prolongaron durante un mes y medio. La sanción es la más alta establecida y deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros. El vertido no alcanzó el Guadalquivir gracias a que los técnicos de la CHG construyeron un azud (pequeña presa) en el arroyo Cascajo, donde se contuvo la mezcla contaminante de agua y aceite.

"Evidentemente, hay que utilizar espuma para sofocar un incendio así"

Todo apunta a que ambos incendios fueron intencionados, ya que el material no era inflamable, se produjo sin trabajadores en las cinco naves afectadas, y con sólo tres semanas de intervalo. El Juzgado de Instrucción 2 de Lora del Río archivó la investigación al "no conocer la identidad de sus autores", pero otro juzgado aún investiga el segundo incendio. La empresa presentó alegaciones ante la elevada multa, al considerar que el fuego no fue resultado de ninguna negligencia, y ahora el organismo debe decidir si rebaja la sanción.

La contaminación y la virulencia del siniestro se multiplicaron porque el apagado del incendio no fue el más idóneo, según distintas fuentes oficiales y testigos del primer fuego. Los bomberos necesitaron seis horas para su extinción al utilizar agua, que multiplicó la fuerza del fuego. "Evidentemente, hay que utilizar espuma para sofocar un incendio así, para que no le entre oxígeno. El agua se va al fondo por su mayor densidad y aviva las llamas", explicó ayer el suboficial del Parque de Bomberos de Madrid, Luis Ángel Millán.

Asimismo, la testigo Rosa María Ocaña declaró ante la juez del caso: "En cuanto los bomberos echaron agua, el fuego fue como si le echaran líquido inflamable, porque éste se extendió por completo". Fuentes de la Confederación Hidrográfica indicaron que la contaminación fue mayor al utilizar agua, ya que ésta contribuyó a que el aceite alcanzara el arroyo a través de las alcantarillas. "En los momentos iniciales de cualquier catástrofe ambiental, el asesoramiento técnico es fundamental", detallaron dichas fuentes.

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Sin embargo, los Servicios de Extinción de Incendios de la Diputación de Sevilla calificaron la actuación de sus bomberos como "ejemplar". "La aplicación de agua para controlar y refrigerar, en ningún momento potencia el incendio ni ocasiona peligro. La actuación fue correcta dada la concentración térmica". El informe del siniestro subraya que en la extinción no se utilizaron espumas "por decisión técnica" entre el mando de guardia y los técnicos de la Confederación Hidrográfica presentes, "ya que parte del aceite y el agente extintor podían llegar como vertido al río", según un comunicado de la Diputación sevillana. En el segundo fuego, los bomberos volvieron a utilizar agua para extinguirlo.

Por su parte, el Sindicato Profesional de Bomberos censuró que la mayoría de los 35 bomberos que intervinieron en las labores de extinción carecían de perfil profesional. "No son voluntarios, sino trabajadores municipales como jardineros, de mantenimiento y policía, que les pagan las guardias con una preparación mínima. No culpamos a los bomberos, sólo al área responsable de Sostenibilidad y Ciclo Hidráulico", criticó ayer el secretario general del sindicato, Juan Carlos Bernabé. Este diario intentó sin éxito recabar la opinión de algún responsable del organismo provincial sobre la actuación de los bomberos en ambos incendios.

La empresa Sovena se limitó a responder por correo electrónico: "Lo ocurrido es consecuencia de un accidente fortuito, sin que tenga causa con actuación alguna de la empresa ni por acción ni por omisión". Tras la propuesta de resolución de la sanción administrativa por la CHG, Sovena podrá pleitear en la vía contencioso-administrativa si quiere evitar el pago de la multa.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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