La crisis corre más que su medicina

El FMI advirtió esta semana de que el descalabro financiero aboca a una recesión en toda regla. Y que será profunda si no hay incentivos públicos más ambiciosos. El vertiginoso deterioro económico apuntala esta previsión. También en el caso de España, que acaba de encajar un histórico incremento del paro. Una deriva ante la que las sucesivas medidas planteadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero oponen poca resistencia.

Desde que Zapatero anunció, hace casi un año, la deducción de 400 euros en el IRPF, ha promovido medio centenar de iniciativas. La recapitulación de lo hecho hasta ahora deja un puñado de medidas de eficacia limitada, muchas decisiones pendientes de ejecutar y varias propuestas con poco que decir en la reactivación económica.

CONTRA EL PARO ¿En manos autonómicas?

El paro dio el primer susto en enero. El entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció un plan para recolocar a desempleados de la construcción, con la contratación de 1.500 orientadores, ayudas para parados con rentas bajas y subvenciones a la movilidad geográfica. El plan, de 201 millones de euros, arrancó en septiembre, pero requiere la colaboración de las comunidades. El ministerio, que ha transferido el dinero, se escuda en ellas para afirmar que no sabe cómo va. Hasta el 31 de marzo no tendrá resultados. Los sindicatos desconfían de su eficacia. Tanto Jesús Pérez, de UGT, como Lola Liceras, de CC OO, exigen cambios en los servicios públicos de empleo para una intermediación real.

La reforma de la formación profesional, que se puso en marcha en octubre, aún está lejos de concluir. Los sindicatos apoyan que se reconozca la experiencia acumulada por los trabajadores, pero Liceras vuelve a lamentar que se deje su desarrollo en manos de las autonomías.

De las últimas cuatro medidas propuestas en octubre, dos se postergaron y las otras dos se aprobaron ayer (la bonificación con 1.500 euros a la contratación de parados y la capitalización del subsidio de paro para iniciar actividades empresariales).

INCENTIVOS FISCALES Eficacia en entredicho

El Banco de España ya emitió su juicio: el deterioro de la confianza del consumidor "amortiguó el efecto expansivo que podría haber tenido" la desgravación de 400 euros en el impuesto de la renta. Los 5.400 millones que el Gobierno devuelve a los contribuyentes apenas han frenado la caída del consumo.

Otras iniciativas, como la consolidación del IVA, que permite a las empresas aplazar su ingreso a Hacienda, o la adaptación del impuesto de sociedades, para evitar una aplicación lesiva del nuevo plan contable, dan alivio temporal a firmas necesitadas de liquidez. El mismo sentido tiene la posibilidad de cobrar mes a mes la devolución del IVA, que entrará en vigor en 2009.

Las reformas del IRPF y del impuesto de sociedades de 2007 también aportan aún recursos adicionales (7.300 millones) este año. Pero la dimensión de la crisis relativiza su efecto. Otras rebajas, como el cheque-bebé de 2.500 euros, apenas inciden en la recuperación económica.

RESCATE FINANCIERO El sector, a la espera

El paquete de ayudas al sector financiero aprobado por el Gobierno aún no ha echado a andar. En sintonía con lo hecho en otros países, ha comprometido avales (por 100.000 millones de euros) para garantizar emisiones de deuda. Y, además, ha anunciado un fondo de 50.000 millones para adquirir activos de bancos y cajas.

Pero aún no se ha aplicado ninguna de estas medidas. Los detalles de los avales para la emisión de deuda nueva se concretarán en 15 días. En cuanto al fondo de adquisición de activos, bancos y cajas han expresado dudas sobre el sistema de subastas y, hasta ahora, sólo se ha previsto la compra de títulos por valor de 20.000 millones este año. El Ejecutivo asegura que la situación del sector no requiere medidas tan urgentes como las que han adoptado ya otros países.

DESPLOME INMOBILIARIO Un mercado paralizado

Ante el derrumbe del sector inmobiliario, el Gobierno se ha centrado en paliar la sed de liquidez que padecen las empresas y los escasos ciudadanos que hoy tratan de comprar un piso; en ayudar a las familias más necesitadas que no pueden hacer frente a las hipotecas; y a comprar suelo para viviendas protegidas.

Entre las propuestas que más eco han tenido, están la extensión a seis años del periodo en el que se puede invertir lo ahorrado en cuentas vivienda (hasta 2010), y la opción de que los parados pospongan el pago del 50% de la cuota hipotecaria dos años (el Gobierno anunció ayer que adelantará el dinero a la banca).

Sindicatos y patronal creen correctas, pero insuficientes, las medidas. Tras años de vacas gordas, ahora no ven luz al final del túnel. "Llevamos años hablando del cambio del modelo productivo. Es como la canción del verano: algo que se oye, pero que al final queda en nada", dice Antonio Garde, de CC OO. José Manuel Galindo, presidente de los promotores, plantea que el Estado "destine parte del fondo para comprar activos a los bancos a adquirir pisos vacíos que no se venden, y crear un parque público en alquiler". El ICO ha abierto una línea de avales por 5.000 millones a la emisión de deuda siempre que el dinero captado se destine a vivienda protegida. Las gestoras de los fondos ultiman los trámites para operar.

Y, para terminar, el flamante plan de vivienda apuesta por la rehabilitación y el alquiler con opción a compra. Expertos como Julio Rodríguez se preguntan de dónde saldrá el dinero. "Si no hay financiación crediticia garantizada no hay plan de vivienda", responde categórico.

DEPENDENCIA ENERGÉTICA Anuncios y poco más

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, relevó a Joan Clos con ganas. Su fama le precedía. No defraudó. Sin apurar los tradicionales 100 días de gracia, presentó en el Congreso un plan de ahorro y eficiencia energética. Puso sobre la mesa 31 medidas con un doble propósito: fomentar el ahorro y sostener la actividad industrial. Brillaron con luz propia el Plan Vive para financiar la compra de vehículos más ecológicos sustituyendo a coches de más de 15 años; el reparto de 25 millones de bombillas de bajo consumo en 2009, más otras tantas en 2010; la reducción de la velocidad en los accesos a las ciudades en un 20%; la ampliación de los horarios del metro, más bicicletas y el impulso a la fabricación de coches eléctricos para llegar a un millón de unidades en 2011.

Pocas cosas se han concretado. El Plan Vive no funciona y Sebastián ha anunciado su reforma; las bombillas de bajo consumo brillan, pero por ausencia, y los coches no han reducido la velocidad en los accesos. Otras medidas dependen de administraciones locales. Y para impulsar el coche eléctrico se han creado dos grupos de trabajo. El paquete de medidas se ha quedado en buena parte en un mero anuncio.

APOYO A LAS EMPRESAS Sedientas de liquidez

El Gobierno ha reforzado la financiación a las inversiones de las empresas, que piden sin embargo medidas directas para lograr liquidez, ante la falta de préstamos. El ICO amplió de 11 a 600 millones su línea de créditos a tipo preferencial para el crecimiento de pymes. Y el Tesoro ha elevado de 1.000 a 3.000 millones sus avales a los fondos de titulización de préstamos a estas empresas.

La Administración aborda el respaldo a las empresas desde muchos otros frentes. Ha anunciado la supresión de 81 trámites burocráticos, aunque para saber cuál es su incidencia económica habrá que esperar a un informe en elaboración. Medio Ambiente tiene ya el texto articulado para poner plazos a diversos trámites de la declaración de impacto ambiental. No hay fecha para su aprobación, pero el ministerio cree que permitirá reducir el tiempo medio de tramitación de 25 a 14 meses. Y el Gobierno avanza en la compleja adaptación de la directiva de servicios, que se concretará el año que viene.

TRANSPORTES Menos licitaciones

El Gobierno ha mantenido su promesa de aumentar la inversión en infraestructuras por encima de la media del crecimiento del gasto público (4,47% frente al 3,3% en el proyecto de Presupuestos de 2009). Pero el ritmo de la licitación pública no se ha acelerado respecto al pasado año como se había anunciado. Los datos de Fomento (hasta agosto) reflejan una caída interanual cercana al 15%. Los de la patronal de las constructoras, Seopan, una caída del 17% hasta septiembre.

El Gobierno elabora aún las modificaciones legales para abrir la competencia entre puertos (quiere enviarla a Consejo de Ministros en diciembre) y liberalizar el transporte ferroviario de mercancías (la propuesta se envió a la comisión delegada para asuntos económicos hace una semana, cuando debía estar en octubre), así como el nuevo modelo de gestión de aeropuertos, aún en estudio.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Licencias polémicas

El sector de las telecomunicaciones aguarda la convocatoria de concursos para la adjudicación de las frecuencias que han quedado libres. Industria, con la oposición del sector, pretende trocear esas licencias y dejarlas en manos de las autonomías. Es una de las prebendas arrancadas por el PNV a cambio de su apoyo a los presupuestos. Otros de los aspectos controvertidos, la Ley General Audiovisual, duerme, una legislatura más, el sueño de los justos.

Información elaborada por Alejandro Bolaños, Santiago Carcar, Luis Doncel, Manuel V. Gómez, Jesús S. González, Ramón Muñoz y Lara Otero.