La Fiscalía halla indicios de delito en la gestión del Museo Balenciaga

La Fiscalía de Guipúzcoa presentó en la mañana de ayer en el juzgado de Azpeitia una querella criminal contra el ex alcalde de Getaria, el peneuvista Mariano Camio, al considerar que existen indicios de que cometió "más de un delito" cuando era vicepresidente de la Fundación Balenciaga y gerente de la Sociedad pública Berroeta Aldamar, las dos entidades encargadas de sacar adelante el museo dedicado al modisto en su localidad natal. "Por fin tendré la oportunidad de defenderme y de que todo se aclare", declaró Camio EL PAÍS después de conocer la noticia.

La querella se extiende a Julián Argilagos, el arquitecto cubano que diseñó el primer proyecto del museo, amigo de Camio, y a Rolando Paciel, quien ejerció de intermediario entre Argilagos y la empresa constructora del centro. La consejera de Cultura, Miren Azkarate, apuntó ayer las acusaciones en una comparecencia en compañía de la diputada guipuzcoana de Cultura, María Jesús Aranburu, y el actual alcalde de Getaria, Andoni Aristi.

La denuncia se extiende al arquitecto Argilagos y un intermediario

Azkarate no quizo precisar los delitos a los que se refiere la Fiscalía en su escrito. Alegó que esperarán a que el juez decida si decreta o no el secreto del sumario, pues en este último caso sería "una irresponsabilidad" facilitar esos detalles. Adelantó, eso sí, la intención de Berroeta Aldamar y la Fundación Balenciaga de personarse como acusación en la causa. Las primeras noticias sobre posibles irregularidades en la gestión del museo las puso sobre la mesa Aralar en marzo de 2007, cuando denunció anomalías en la contratación y marcha de las obras. Ese mismo mes, Camio dimitió como gerente de Berroeta Aldamar. La sociedad, integrada por el Gobierno vasco, la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Getaria y responsable de la construcción del museo, encargó entonces un estudio económico-financiero y legal. El informe constató meses después graves irregularidades en la gestión de la sociedad y que se facturaron de más a nombre de la empresa de Argilagos al menos 439.905 euros. Para entonces, Berroeta Aldamar ya había rescindido los contratos con el arquitecto y Paciel.

A la vista de los datos obtenidos, Berroeta Aldamar y la Fundación Balenciaga, formada por el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura y patronos privados y encargada de los contenidos del museo, presentaron en noviembre una denuncia conjunta contra Camio ante la Fiscalía de Guipúzcoa. Quería que investigase si ha incurrido en los delitos de malversación de fondos, falsedad documental y administración desleal. Las pesquisas del Ministerio Público han concluido tras un año.

De forma paralela, una comisión parlamentaria está estudiando las posibles responsabilidades políticas. Azkarate insistió ayer en que "en absoluto" se ha dado "una falta de control" por parte de Berroeta Aldamar.