Secretismo

La pretendida discreción en la financiación del Estado -de todos los ciudadanos vía impuestos- a los negocios privados del sector financiero tiene límites marcados por la legislación. ¿Acaso no se va a informar a los accionistas de dónde han salido determinados fondos que deberán figurar en los balances para sanearlos? Si se producen transmisiones patrimoniales, ¿no se van a documentar, registrar y abonar los impuestos correspondientes? ¿Cómo van a informar los auditores de estas operaciones, modificarán los conceptos o la creatividad financiera dará otra muestra más de ponerse al borde de la legalidad "por el interés general"?

Si algún parlamentario pregunta por la aplicación de determinados capítulos de la LGP, ¿se le responderá que la información es reservada, como la de la lucha antiterrorista? ¿El Tribunal de Cuentas y el Cuerpo de Interventores firmarán y aceptarán por buenas transferencias realizadas a empresas privadas bajo conceptos etéreos o dudosos?

Por favor, más luz y taquígrafos, y más exigencia de responsabilidades a los ejecutivos que han puesto a sus empresas financieras al borde de la quiebra. Alguien se ha equivocado y la factura la pagaremos los ciudadanos, pero, al menos, podremos exigir que a ellos no les salga gratis, y menos aún que sigan jugando con nuestro dinero para su exclusivo beneficio.