La burocracia y las deudas paralizan la llegada del nuevo regadío a Galicia

"Tenemos un suelo fértil, pero sin regadío se muere. En verano esto es como Castilla". Alicia Tourán es una campesina de la Galicia árida, que también existe, preocupada por la "crueldad" y el "descontrol" del cambio climático, y con la esperanza puesta en unos sistemas modernos de regadío que están pendientes de implantarse en su tierra, el Val de Lemos (Lugo), desde hace casi 20 años. La Administración dice tener 66 millones de euros preparados para construir, en esta comarca lucense y la orensana de A Limia, una red de acequias y estaciones de bombeo que multipliquen la rentabilidad de la agricultura y acaben con el tradicional despilfarro de agua. Pero razones burocráticas y económicas demoran las inversiones.

Los agricultores del Val de Lemos llevan el agua a sus tierras gracias a unas canalizaciones de los años 60 por las que se pierde el 80% del caudal. Por estas instalaciones han de pagar unas tasas anuales a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que en 2002 pasaron de 36 a 400 euros por hectárea, una subida que la comunidad de regantes se negó a pagar. Desde entonces los campesinos de Lemos han acumulado una deuda de 500.000 euros que les fue reclamada en 2007 para poder ejecutar las obras de modernización del regadío. "Pedimos a la Administración que paralizara el proyecto porque se nos venían encima las tasas", relatan desde la comunidad de regantes de Val de Lemos, que agrupa a unos 4.000 propietarios, 600 de ellos labriegos en activo.

Pero no es la deuda el único escollo para renovar los 230 kilómetros de obsoletas canalizaciones de riego que recorren Val de Lemos. El proyecto sólo se puede llevar a cabo en territorios donde se haya finalizado el proceso de concentración parcelaria y este requisito sólo lo cumplen en esta comarca 800 de las 4.710 hectáreas que conforman la zona regable. "Al ritmo que va la concentración podemos estar otros 30 años esperando", advierte Alicia Tourón, presidenta de la comunidad de regantes.

Los agricultores de Lemos, en colaboración con la Consellería de Medio Rural, buscan una salida para ir reformando el regadío al menos en algunas zonas. Una de las posibilidades es agrupar fincas colindantes en terrenos de 50 hectáreas gracias a acuerdos entre propietarios. Mientras, desde la empresa estatal Seiasa del Norte, encargada del proyecto, aseguran tener reservados los 42 millones de euros que se necesitan para renovar la infraestructura de riego de esta comarca. "En cuanto veamos que la concentración parcelaria está a punto de finalizarse, meteremos ese dinero en nuestro presupuesto", explica Angel Ballestero, director general de la compañía, que lleva cuatro años intentando extender el regadío moderno por Galicia.

En A Limia también están a la espera. Cuatro comunidades de regantes (Entre Ríos; Filgueira y Toxal; Alta Limia; y parte baja del río Limia), que agrupan a 400 agricultores, ya han llegado a un acuerdo con el Gobierno central para instalar un sistema de regadío que capte agua de acuíferos subterráneos a poca profundidad. Hasta ahora estos campesinos regaban sus tierras con unas concesiones "anárquicas" y un "consumo desmesurado", explica Anxo Pérez Rúa, del Sindicato Labrego Galego.

Para modernizar el regadío, con una inversión que Seiasa del Norte cuantifica en 24 millones de euros, los agricultores han solicitado a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil unas concesiones de caudal que no llegan. Pérez Rúa asegura que las peticiones han sido tramitadas en algunos casos hace cuatro años y no entiende por qué el organismo del Ministerio de Medio Ambiente aún no ha contestado. La Confederación tampoco ha explicado a este periódico la demora. Seiasa del Norte ha reservado fondos para esta obra en sus presupuestos de 2009. "Si no van para A Limia, irán para otro sitio", señala desde Valladolid el director de la empresa estatal.