Más pruebas de la presunta prevaricación en O Pino

Las dos últimas comparecencias en el juzgado de Arzúa que investiga al alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, acusado de prevaricar en la gestión administrativa del polígono industrial que Fadesa promueve en el municipio coruñés, han desbaratado los argumentos del regidor popular. La cronología de sus decisiones durante la mañana del 21 de junio de 2007 confirma la apresurada tramitación del proyecto urbanístico y la inconsistencia de algunas de las tesis de su defensa.

Según el alcalde, esa mañana en que expiraba el plazo de exposición pública del plan, el Ayuntamiento recibió alegaciones de tres grupos de propietarios de los terrenos expropiados que desestimó poco después en virtud de seis informes firmados por funcionarios y organismos externos, antes de aprobar el plan. Todo, antes de que el Gobierno local recibiese el decreto de paralización de la Xunta. Los últimas diligencias practicadas por la juez constatan que la redacción de los seis dictámenes del arquitecto, la secretaria municipal, un bufete de abogados y la consultora de ingeniería que elaboró el plan, sólo pudieron redactarse en cuestión de minutos.

Lo que dijo la cartera

Según la subdirectora general de Protección de la Consellería de Cultura, la orden de Patrimonio "se entregó en las dependencias del registro del concello entre las 9.30 horas y las 10" del 21 de junio. Ese decreto suponía el fin de la tramitación del polígono. En este contexto cobra especial interés la declaración de la empleada de Correos que entregó las cartas certificadas con las alegaciones vecinales. La comparecencia de la cartera aclaró que el Ayuntamiento recibió la notificación de la Xunta entre las 9 y las 10.30 de la mañana, hora en que se cierra la oficina.

Taboada apunta a que ese día recibió primero las alegaciones, luego encargó los seis informes que la secretaria, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento, el bufete de abogados externo y la consultora de ingeniería independiente habrían entregado rematados en menos de una hora, y finalmente aprobó el proyecto de urbanización. Según él, fue después cuando llegó la orden de Patrimonio de cesar la tramitación. Lo contrario, seguir con la tramitación obviando las instrucciones de una administración superior, constituiría el delito de prevaricación que un grupo de vecinos imputa a su regidor.