Los líderes sindicales rehúyen reunirse con Miguel Sebastián

España vive una grave situación económica y no es momento de fotos ni de andar cultivando las apariencias. Esta es la reflexión de los líderes sindicales y los responsables de la patronal que ha motivado que rechacen participar el lunes en la reunión a la que les convocó el viernes por la tarde el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

El ministerio había convocado hacía más de dos semanas un encuentro con los interlocutores habituales de la Mesa del Diálogo Social para tratar medidas de política industrial. Pero el viernes el ministro de Industria decidió que para darle mayor relevancia al encuentro fueran los números uno de sindicatos y patronal quienes asistieran: Cándido Méndez, por UGT; José María Fidalgo, por CC OO; Gerardo Díaz Ferrán, por CEOE, y Jesús Bárcenas, de CEPYME.

CC OO, UGT y la patronal no ven en el Ejecutivo un buen programa anticrisis

Méndez y Fidalgo pidieron el lunes a Zapatero una política industrial

En la noche del viernes, según fuentes de todas las partes convocadas, los invitados hicieron saber al ministro que no acudirían ya que "no es momento de fotos sino de establecer un plan de trabajo, un método y, sobre todo, de contenidos". Dichas fuentes reconocen que Miguel Sebastián, entendió de inmediato el mensaje y volvió al formato inicial: una reunión de trabajo discreta.

Los sindicatos señalan que "no es una desautorización sino un aviso" para que en un momento en el que la destrucción de empleo es galopante no se exhiba ante la opinión pública una "política de escaparate" o, como dirían los clásicos, "fuese y no hubo nada".

Los encuentros entre el Gobierno y los agentes sociales, sin embargo, se están produciendo. Los sindicatos y la patronal precisan que las reuniones con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no se conocen hasta uno o dos días después de celebrarse. Eso es lo que ocurrió esta semana después de que el lunes Méndez y Fidalgo acudieran a una cena en la Moncloa en la que, además de Zapatero, participaron el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el director de Gabinete del presidente, José Enrique Serrano, y el director de Oficina de la Moncloa, Javier Vallés. Díaz Ferrán acudió en representación de la CEOE al día siguiente porque esa noche se encontraba fuera de España.

En esa reunión, los sindicatos ya advirtieron de que la prioridad debía ser la política industrial, por lo que lo fundamental no era tanto incentivar a las empresas para que contrataran, sino articular instrumentos que detengan la destrucción de empleo. España es un país que del mismo modo que tiene facilidad para crear empleo en épocas de crecimiento, lo tiene para destruirlo cuando llega una etapa de recesión. Tanto el Gobierno como los agentes sociales son conscientes de que la crisis ha entrado en su momento álgido al afectar a todos los sectores, con la cruda manifestación del exponencial aumento del desempleo.

Precisamente de los incentivos a las empresas era de lo que con más profundidad quería hablar el Gobierno en su reunión con los agentes sociales. Los sindicatos empezaron a alarmarse por cuanto estiman prioritario centrarse en la política industrial y, con urgencia, mirar hacia Cataluña, que está siendo atacada con especial virulencia por la destrucción de puestos de trabajo.

A pesar de que el buen clima se mantiene en las relaciones del Gobierno con sindicatos y patronal, éstos empiezan a preocuparse porque no ven en el Ejecutivo un programa de medidas eficaces para atajar los problemas más acuciantes. Ya es imparable la movilización que las centrales sindicales catalanas preparan para el martes 4 de noviembre ante el goteo incesante de expedientes de regulación de empleo: más de 420 en pocas semanas, y todos del sector industrial.

En este contexto, el Ministerio de Industria presenta sus planes a patronal y sindicatos y ha programado para esta misma semana contactos con las industrias más afectadas por la crisis, como Nissan. El círculo negro del Gabinete socialista se cierra con el hostigamiento que le prepara la oposición parlamentaria. Desde esta misma semana, el PP, por un lado, y de otro, Izquierda Unida y los partidos nacionalistas se disponen a acosar al Gobierno de Zapatero.

En primer lugar, van a pedir la comparecencia urgente del presidente para que rinda cuentas por el retroceso de la economía española un 0,2% respecto al trimestre anterior. Tras Zapatero le llegará el turno al vicepresidente económico, Pedro Solbes, que será interpelado semanalmente. También tendrán que dar explicaciones en el Parlamento los ministros de Economía y de Trabajo, Miguel Sebastián y Celestino Corbacho.

En ese clima de acoso parlamentario a un Gobierno sin aliados políticos estables, adquiere para Zapatero mayor importanciala buena relación con los sindicatos y la patronal. Pero aunque la voluntad de colaboración se mantiene, el riesgo de desencuentros es elevado en un contexto económico que tanto los agentes sociales como el Gobierno consideran de incertidumbre.

No hay varitas mágicas ante una crisis que ha sido más acelerada de lo previsto y que se caracteriza por una gran complejidad, resultado de una suma de elementos sin precedentes. "Es muy complicado realizar previsiones a medio plazo sobre la evolución de la crisis porque los modelos no ofrecen un diagnóstico", señalan fuentes gubernamentales.