Tensiones que no cesan
La ruptura entre UPN y el PP es una expresión más de las tensiones propias del Estado de las Autonomías. A medida que los poderes autonómicos se han ido consolidando, los conflictos de intereses entre los actores políticos locales y los de ámbito nacional español se complican y dan lugar a desencuentros con todos los ingredientes de psicopatología de las pequeñas diferencias. Aunque arrancó a regañadientes, la alianza entre el PP y UPN ha sido positiva para ambos. De los 18 años que ha durado esta asociación, en 17 han gobernado juntos en Navarra, un territorio que había sido feudo socialista, y en ocho han gobernado en España. Ahora, los caminos se bifurcan. Hoy, el hecho objetivo es que la derecha navarra está dividida en tres grupos.
Se bloquea la renovación del Constitucional para obtener una sentencia que desvirtúe el Estatut
Pero una virtud de este episodio es que, en un escenario dominado por el superespectáculo político organizado en torno a la crisis, nos sirve de recordatorio de que las tensiones del Estado autonómico siguen ahí. Desde que Mariano Rajoy ha decidido que no hay que gastar energías haciendo ruido porque el poder caerá en sus manos por la inercia de la crisis, la política española ha entrado en una extraña calma. Aunque parezca mentira con la cantidad de problemas acumulados, desde hace dos semanas todo gira en torno a la conquista de una silla para Zapatero en la reunión de Washington del 15 de noviembre. La oposición le apoya con argumentos patrióticos, confiando en que Zapatero fracase en el intento, y Zapatero ha comprometido hasta el Rey en el empeño, como si el honor de España estuviera en juego. Patético.
Tanto sainete quizás haya hecho olvidar que en los próximos días habría que cerrar la financiación autonómica y se podría conocer la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto catalán. Este último acontecimiento es especialmente delicado porque podría crear un conflicto de legitimidades de consecuencias imprevisibles.
El Estatuto de Cataluña tiene sentido político como pacto con el Estado. Para que esto fuera posible se requeriría que participaran en él todas las fuerzas políticas, en especial las cuatro con opciones reales de presidir los dos Gobiernos implicados: PP, PSOE, CiU y PSC. La cerrazón del Partido Popular, convertido en salvador de una patria que no necesita a nadie que la redima, hizo imposible este pacto cuando se inició el proceso estatutario. Los demás partidos o no quisieron o no supieron meter al PP en los consensos. Después de haber perdido las elecciones, el PP se ha negado a retirar el recurso contra el Estatuto. Pero el cambio experimentado por Rajoy, decidido a buscar en los climas más llevaderos de la llanura lo que no encontró en la aridez del monte, motivó que algunos políticos en activo y algunos ex políticos pensaran que aún cabía alguna forma de pacto que evitara problemas mayores. Es decir, que sería posible que el PP retirara el Estatuto del Constitucional y que se pactara, entre todos, una interpretación del texto que permitiera la entrada de los populares en el juego. Se han hecho algunos intentos, pero la operación no tiene visos de cuajar. Probablemente, porque falta convicción en todas las partes, empezando por el presidente del Gobierno, que es el que tendría que tomar la iniciativa. En cualquier caso, el PP no ha dado ninguna señal positiva: su empeño en bloquear la renovación del Constitucional responde principalmente a la pretensión de que el actual, antes de que su inacabable agonía llegue a buen fin, pronuncie una sentencia que desvirtúe el Estatuto catalán.
El Estatuto aprobado por el Parlamento español fue propuesto en referéndum a los ciudadanos catalanes, que lo sancionaron. Algo falló en la Transición: no se tomó la cautela de proteger a los Estatutos refrendados del recurso al Constitucional. Y al no hacerlo se puede plantear un problema de no fácil solución política, agravado porque la sentencia emanará de un Constitucional totalmente desprestigiado. La suma de una mala financiación y una mala sentencia -y en política estas cosas dependen mucho de quién tiene la hegemonía social para imponer su interpretación a la opinión pública- podría producir un terremoto en Cataluña. Con Esquerra en caída libre electoral, la tentación de Puigcercós de romper el tripartito para sobrevivir no sería rara. Mientras, el PSC y el PSOE vuelven a estar donde hace dos años: con Zapatero decidido a descabalgar a Montilla como hizo entonces con Maragall. En este contexto, las elecciones anticipadas podrían ser inevitables. Y con la que llueve, tener un Gobierno soberanista en Cataluña a mediados de año próximo. Zapatero se habría salido con la suya: Artur Mas en la presidencia. ¿Pero quién dice que, como el aprendiz de brujo, no se quemaría en el invento?
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Recurso inconstitucionalidad
- Tribunal Constitucional
- Miembros tribunal
- Política nacional
- Opinión
- Presidencia Gobierno
- Recursos judiciales
- Estatutos Autonomía
- Tribunales
- Cataluña
- Estatutos
- PP
- Poder judicial
- Partidos políticos
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Administración autonómica
- Normativa jurídica
- Juicios
- Legislación
- Proceso judicial
- Administración Estado
- Justicia
- Administración pública
- España