Sánchez y Moreno Bonilla confrontan sus modelos de vivienda en un acto de entrega de llaves de alquiler a precio asequible

Tres administraciones y dos modelos de vivienda distintos. Esta ha sido la intrahistoria del acto de entrega de llaves de una promoción de viviendas públicas de alquiler asequible en la barriada sevillana La Hacienda-El Rosario este lunes a 218 familias. Porque, aunque los protagonistas del evento eran esos nuevos inquilinos, que se movían nerviosos en las sillas, haciendo tintinear sus nuevos llaveros, ojeando los contratos de sus pisos y lanzándose miradas furtivas para examinar a quienes pudieran ser sus futuros vecinos, lo que ha quedado patente es la distancia que separa al Gobierno de la nación y a la Junta de Andalucía, que estaban representados por sus respectivos presidentes, Pedro Sánchez y Juan Manuel Moreno, en sus políticas de acceso a un derecho fundamental que la falta de oferta y los altos precios de mercado, han convertido en inalcanzable.

Aunque tanto los dos mandatarios, como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP) —cuya empresa municipal de vivienda ha impulsado la construcción de la promoción que se ha entregado este lunes—, han defendido la importancia de la colaboración institucional para incentivar la construcción de vivienda, Sánchez ha sido muy tajante a la hora de reivindicar la aplicación de la ley de vivienda estatal frente al rechazo de las comunidades gobernadas por el PP, como la andaluza, que recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional. “Me gustaría instar a todas las administraciones públicas a que apliquen la ley, no para darle la razón al Parlamento o al Ejecutivo, sino para dar soluciones a los ciudadanos que demandan de las administraciones esa colaboración y la aplicación de leyes que sean en su propio beneficio”, ha reclamado. “Lo que no funciona es que nos crucemos de brazos”, ha incidido el presidente del Gobierno.

El dirigente socialista ha puesto como ejemplo la caída de los precios que ha experimentado Cataluña con la aplicación de la ley de vivienda, donde ha recordado que los precios han bajado una media del 3,7% en las zonas tensionadas y un 6,4% en Barcelona. ”En contra de lo que vaticinaron algunos, no solo hay más pisos de alquiler, sino que los contratos son más estables, porque desaparecen los incentivos perversos para especular con el alquiler y también con la compra-venta de esas viviendas”, ha insistido.

Pero, aunque se ha referido a Cataluña, el presidente del Gobierno también podría haber señalado a la promoción de viviendas de alquiler de las que se ha hecho entrega esta mañana. Se trata de un complejo de 218 pisos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, con 283 plazas de garaje y 240 trasteros a un precio medio de 600 euros al mes. La promoción ha supuesto un coste de 27.337.824,72 euros, de los que el Ministerio de Vivienda ha aportado el 52,44% y el Ayuntamiento de Sevilla, el 47,56% restante. La limitación de los precios para la concesión de la ayuda al alquiler se han fijado en los 6,24 euros, tal y como estipula el Real Decreto 853/2021, los ingresos de los arrendatarios por unidad familiar han de ser inferiores a cuatro veces el indicador IPREM, y su uso estará destinado al alquiler social durante 50 años.

“En los ochenta en España se construían más de 100.000 viviendas al año; si estas casas, pagadas con los impuestos de la gente no hubieran pasado al mercado libre, representaría el 9% de nuestro parque de vivienda pública, la cifra a la que tenemos que llegar, la media de la Unión Europea”, ha indicado Sánchez para recordar: “No podemos volver a cometer ese error, por eso estas viviendas serán asequibles durante al menos 50 años”.

Estas condiciones difieren de las medidas incluidas en el nuevo decreto ley de medidas urgentes para favorecer el acceso a la vivienda recientemente aprobado por la Junta de Andalucía, que prevé la construcción de 20.000 viviendas de protección oficial y con el que, de acuerdo con el Plan Vive de la comunidad, que es por el que se rige esta nueva normativa, sus propietarios podrían transmitirlas, alquilarlas o ceder su uso a los 10 años. En el caso de la vivienda de alquiler a precios asequibles, la norma andaluza, establece en 25 años la obligación para mantener ese régimen. El decreto también amplía el límite de ingresos para acceder a la vivienda protegida, hasta dejarlo en casi 59.000 euros, en el caso del régimen limitado, por ejemplo.

Moreno ha defendido su real decreto que, ha señalado, permitirá “que sea más fácil acceder a la vivienda” y ha destacado otra de las medidas estrella de esa normativa que es la de liberalizar suelo municipal afectado a uso turístico y oficina para destinarlo, de manera inmediata, a la construcción de vivienda protegida, una opción a la que pueden asirse los alcaldes y que se encuentra recogida en la ley de vivienda estatal. Esta ley ha sido muy cuestionada por la Junta que ha optado por impulsar, en su lugar, incentivos fiscales, tal y como ha destacado el barón andaluz. “Vamos a seguir quitando impuestos a aquellos que tienen que tramitar, que proceder con esa materia prima que es el suelo, y especialmente a los ciudadanos, especialmente mayores de 60 años y menores también, para que no paguen más por algo que no deben”, ha indicado Moreno, que también ha defendido una mayor desburocratización de los trámites para disponer de suelo y “soluciones rigurosas” para abordar el problema de vivienda.

Andalucía, done más ha subido el precio de la vivienda

Andalucía, mientras tanto, se ha convertido en la comunidad donde más subió el precio de la vivienda en 2024, un 13,4 % en 2024 respecto al año anterior, de acuerdo con los datos difundidos a principios de mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra que duplica la del año anterior, cuando se encareció un 5,3%, y que también excede en cinco puntos a la media nacional (8,4%). En cuanto al alquiler, la comunidad también registro el mayor incremento de su historia el año pasado, con un alza del 10,5%, situándose en una media de 11,8 euros por metro cuadrado, de acuerdo con el último informe del portal Idealista.

María Auxiliadora, auxiliar de guardería de 35 años, y José, de 47 y empleado en una empresa de seguridad privada, estaban escuchando atentamente los discursos de los presidentes —que han estado acompañados también por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; y las consejeras andaluzas de Fomento y Empleo, Rocío Díaz y Rocío Blanco— a la espera de poder visitar su nuevo piso de tres habitaciones por el que pagarán 550 euros al mes. “Estamos muy ilusionado, es la primera casa que vamos a estrenar y la primera vez que nos toca en uno de los concursos, porque nos hemos presentado a todas las promociones”, explica ella, aferrada a la bolsa en la que está su contrato, un juego de llaves y el mando de apertura del garaje. “Hay mucha falta de vivienda asequible en Sevilla”, abunda él.

Y esos precios poco asequibles son sobre los que se han quejado algunos de los aspirantes a otra promoción de 92 viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento abrió hace dos semanas y que se cerró el pasado jueves con más de 19.000 solicitudes, evidenciando la falta de oferta de vivienda pública en la capital andaluza. Este lunes, durante el acto de entrega de las llaves, el regidor ha recordado al presidente del Gobierno que, después de Madrid, Sevilla es la ciudad donde más VPO se construye de España. “No es una prioridad, es una obsesión”, ha señalado Sanz, quien, ha aprovechado la coyuntura para demandar al Gobierno central más fondos para su construcción.

Consciente de las críticas por los precios de algunas promociones de estas viviendas, a precios muy similares a los del mercado, como la lanzada estos últimos días, el alcalde ha reclamado también a Sánchez que siga trabajando en esos precios “a través de la reducción de IVA, de reducción de impuesto de sociedades o recuperando desgravaciones fiscales”. Sanz no ha hecho alusión, como sí explicitó en la entrevista que concedió a EL PAÍS el pasado domingo, a la disminución de los precios de los módulos de VPO, que, aseguró entonces, son competencia estatal. Fuentes del Ministerio de Vivienda precisan a este diario que el coste de esos módulos está fijado por la Consejería de Fomento y que, en el caso se las promocione, como la de esta mañana, que se realizan conjuntamente con el Gobierno, salvo una excepción, en la que se ha llegado a los nueve euros, los precios apenas superan los seis.