Delitos urbanísticos investiga en Bigastro una permuta ilegal

El arresto el martes del alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, es consecuencia de la investigación de los agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil sobre una permuta de suelo en el municipio. Fuentes del caso aseguran también que la detención que se extendió al secretario de la corporación y a dos empresarios fue por orden policial y no deriva de alguna de las múltiples causas que por supuestas irregularidades urbanísticas tiene pendientes Moya. El regidor, el funcionario y los dos empresarios prestarán hoy declaración ante el juez de guardia de Orihuela. La acusación pública en este nuevo asunto por supuestas irregularidades urbanísticas que salpica al longevo alcalde de Bigastro la ejercerá el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

El arresto del regidor se produce por orden policial y no judicial

Por otra parte, el concejal de Urbanismo de Bigastro, Raúl Valero, aseguró ayer no tener conocimiento "exacto" del hecho investigado. Valero, en rueda de prensa, sí explicó que desde el pasado mes de febrero y hasta hace 15 días la Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento información "en ocho o nueve ocasiones" relacionada con una permuta de suelo para uso industrial clasificado previamente como zona verde por un local comercial. Esta decisión provocó una de las denuncias urbanísticas del PP contra Moya. El PP de Bigastro ha denunciado en seis ocasiones a Moya por la vía penal, cuatro de ellas sobre supuestos delitos urbanísticos.

Según otras fuentes municipales, uno de los empresarios detenidos, en concreto, José Pérez Moya, alias El escayolista, realiza tareas de intermediación habitualmente en pequeñas operaciones municipales de poco calado relacionadas con permutas, subastas y expropiaciones de terreno. Este empresario sería al que el consistorio permutó el suelo industrial a cambio de un local comercial. En la operación policial también fue arrestado otro pequeño constructor, Manuel Nortes Hernández. Fuentes municipales apuntan a que la vinculación empresarial de este promotor con el consistorio "no va más allá de pequeñas obras".

La Fiscalía de Valencia pedirá que declaren como imputados varios propietarios de los chalés ilegales que autorizó construir el alcalde de Zarra, José Juan Rubio, y que ejecutó su hijo a través de la empresa Telyzan. Rubio y su hijo, detenidos el martes por la Guardia Civil, pasarán presumiblemente a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Requena a lo largo de la tarde de hoy jueves. Entre tanto, la Guardia Civil y la Fiscalía inspección la documentación de la que incautaron en el registro del ayuntamiento de Zarra y en las dos sedes sociales de la mercantil.

La Fiscalía sostiene que hay indicios suficientes de que algunos de los propietarios, vecinos del pueblo, sabían que las construcciones eran ilegales. De hecho, algunos pagaron por una parcela de suelo no urbanizable común, y eso fue lo que declararon, y en dinero negro el chalé en dicha parcela.

Desde 2003, Rubio y varios de los concejales del ayuntamiento han venido concediendo licencias de construcción de viviendas unifamiliares en las partidas de Fau Rentón, Rasmal, La Balsa, La Quebrada y La Pedrera. En total, 73 chalés ilegales, la mayoría ya entregados y ocupados. Las viviendas se comercializaban a través de tres inmobiliarias, que también han sido denunciadas, en el mercado británico, de donde son la mayoría de los propietarios. Pero hay un grupo de propietarios que son vecinos del pueblo de los que la Fiscalía sospecha que conocían los detalles de ilegalidad de la operación urbanística.

El alcalde de Zarra, en representación de una agrupación independiente, tiene otra causa abierta que investiga también el Juzgado de Instrucción número dos de Requena, desde 2006. En ese asunto, denunciado por una concejala del PP, al alcalde, a la mayoría de la corporación, al arquitecto municipal y al secretario del Ayuntamiento, se les acusa de prevaricación y uso de información privilegiada por la venta de dos parcelas propiedad de una empresa de titularidad municipal a la empresa del hijo del alcalde por una cantidad aproximada de 9.000 euros. El hijo vendió esos terrenos poco después para construir viviendas a un precio millonario.