Sobre los colegios profesionales

Por fin se debate su posible modernización, aunque mejor sería el debate para su eliminación, como en otros países. A ellos tenemos que pertenecer obligatoriamente los profesionales que, es mi caso, nos dedicamos a la arquitectura.

Lejos de dar un servicio al ciudadano, le incrementan los costes para permitir la financiación de las juntas directivas que gobiernan las diferentes demarcaciones. Los gastos de visado no suponen un control de calidad del proyecto, dado que no supervisan cálculo estructural alguno ni si el método constructivo es oportuno, ni las instalaciones al efecto, sino que controlan los costes de ejecución y la inclusión de todos los documentos de que se compone un documento.

La labor de los colegios no era otra que dar cuentas a la Hacienda Pública de los honorarios que los colegiados facturábamos, y para mantenernos contentos nos facilitaban unos honorarios mínimos.

A partir de la liberalización de los mismos y la posible facturación directa con el cliente han dejado de tener sentido. Cuando uno va al médico y éste le extiende una receta, a nadie se le plantea la cuestión de la calidad de lo allí prescrito si ésta no es sellada por su colegio profesional. Pues bien, cada documento que redactamos, incluso el más breve informe, requiere ser visado. El colmo llega cuando logras un encargo para la Administración y, después de pasar los controles de ésta, has de pagar la cuota al colegio.

Distinto es el discurso de los colegios a los colegiados respecto del que lanzan a los consumidores. Su argumentación en relación con el control deontológico se tambalea cuando se les pregunta quién les controla a ellos si los colegiados sufrimos sus atropellos. Para eso están los tribunales de justicia.