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COLUMNA

Razones de peso

Dicen los diplomáticos que tener razón tiene dos partes: una, tener razón y, otra, no menos importante, que te la den. Y como la política internacional, como la vida misma, no siempre se rige por criterios de justicia, a veces ocurre que tener razón no es suficiente. Para eso está la diplomacia: para lograr que los demás acepten como legítimos nuestros intereses y los incorporen en sus cálculos. Pero esto no es automático: hay países cuya presencia internacional está por debajo de su peso objetivo y también otros que, como se dice coloquialmente en el lenguaje de las relaciones internacionales, consiguen "boxear por encima de su peso", es decir, jugar en primera liga aun cuando sus méritos objetivos no lo justifiquen.

Aunque sus argumentos sean contundentes, España ha llegado demasiado tarde al grupo de cabeza

Que Francia fuera considerada potencia victoriosa de la II Guerra Mundial y premiada con asiento permanente y derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o que Italia y Canadá sean miembros permanentes del G-8 ofrecen buenos ejemplos de lo que unas circunstancias favorables pueden lograr aun cuando vayas un poco justo de peso. Al otro extremo, Alemania ha fracasado estrepitosamente a la hora de impulsar una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU que hiciera justicia a su peso internacional concediéndole un asiento permanente en dicha institución (pretensión que España no apoyó por razones perfectamente comprensibles).

Algo parecido le sucede a nuestro país estos días: aunque sus argumentos son de peso, ha llegado demasiado tarde al grupo de cabeza, e intenta meterse en unas instituciones donde ya hay demasiados europeos. Para cuando, en 2000, nuestros datos objetivos nos colocaron como candidato ideal para ser miembro del G-8, este grupo era ya una institución desacreditada y con una evidente falta de legitimidad ante la opinión pública mundial, diana del movimiento antiglobalización y de los países emergentes. Al mismo tiempo, España, como socio de la UE, es demasiado rico y demasiado occidental como para ser considerado un país emergente y, en consecuencia, miembro de un G-20 donde se sientan Arabia Saudí, Suráfrica o Argentina, con los cuales tenemos bastante poco en común.

Que España navegue entre estas dos aguas se debe, también, a los bandazos dados por populares y socialistas en materia de política exterior. Una lección importante de esta mini-crisis diplomática es que determinados aspectos de la política exterior deben considerarse parte de una política de Estado. Hasta la fecha, sin embargo, populares y socialistas se han preocupado poco de consensuar una estrategia global. Aznar quiso estar en el G-8, pero no convirtió dicho objetivo en una política de Estado, sino en un apéndice de una política exterior muy personal, de tal manera que los socialistas, una vez en el poder, abandonaron dicho objetivo prefiriéndose centrar en el multilateralismo. Ahora, lo paradójico es que se pretenda nada menos que "refundar el capitalismo global" ignorando a Naciones Unidas y otorgando un papel meramente testimonial a las instituciones europeas. Cabe preguntarse si España, por coherencia, además de querer ir a Washington, debería enarbolar con más fuerza alguna de esas dos banderas, y no sólo la nacional.

Hace un par de años, en una reunión de expertos en la que se presentaba un borrador de la ley de reforma del servicio exterior, los participantes expresamos nuestra sorpresa porque el texto detallaba pormenorizadamente los medios con los que debería contar en el futuro el servicio exterior, pero omitía cualquier discusión sobre los fines y la estrategia para lograrlos. "Bueno", se nos dijo, "eso lo hemos dejado para el final".

Esta crisis debería servir para convencernos de la necesidad de tener una estrategia-país. Somos una gran economía, sí, y tenemos unos activos enormes para estar en el mundo, pero hemos reflexionado poco sobre quiénes somos, qué queremos lograr y dónde y con quiénes queremos estar. Hemos hecho muchos planes geográficos (Plan África, Plan Asia, etcétera), pero no hemos puesto en marcha una reflexión colectiva, abierta y a la vez profunda, que nos llevara a una estrategia global, que detallara los riesgos y las oportunidades, los fines y los medios y coordinara a los diversos agentes de la política exterior española, que son muchos y variados. El Consejo de Política Exterior, que debería tomar la responsabilidad de diseñar y ejecutar dicha estrategia, ha sido resucitado y enterrado por todos los Gobiernos. Y lo mismo cabe decir de la ley de reforma del servicio exterior: siempre prometida, nunca llevada a la práctica. ¿Llegará ahora por fin el momento de elaborar una estrategia, diseñar unas instituciones de política exterior efectivas y conceder a nuestra diplomacia los medios adecuados?

jitorreblanca@ecfr.eu

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de octubre de 2008