No estamos para bobadas

Como las aves que en un lado ponen los huevos y en otro cantan, el nacionalismo vasco gobernante, que acaba de respaldar los Presupuestos Generales del Estado, se manifestará mañana en defensa del derecho a decidir. Mañana: el 25 de octubre, aniversario del Estatuto de Gernika y también fecha prevista para el referéndum soberanista de Ibarretxe si el Tribunal Constitucional no lo hubiera anulado.

Contra esa prohibición se planteó primero un recurso del lehendakari ante Estrasburgo, luego una cadena humana de Vitoria a Gernika. Finalmente, se limitará a concentraciones en diversas localidades bajo el hermético lema "la palabra es la palabra". La crisis económica no es ajena a esa desescalada. El diputado Erkoreka reconocía hace dos días que uno de los motivos de su apoyo a los presupuestos había sido la "presión del mundo empresarial y económico". Por su parte, el senador Anasagasti contaba en su blog su encuentro en Barajas con un empresario vasco que le recomendó dejar de lado el derecho a decidir "porque la gente está muy preocupada por su empleo, por sus depósitos, por sus pensiones".

No está el horno para bollos, podría resumirse; o para bobadas: "El derecho de las naciones a la autodeterminación parece un principio que podría llevarse a la práctica y generar soluciones únicas y especialmente vinculantes en diversas situaciones concretas de conflicto, pero no es más que una bobada".

Ernest Gellner es seguramente el más conocido estudioso del nacionalismo de las últimas décadas. Poco antes de su fallecimiento, en 1995, sintetizó en una obra breve, Nacionalismo, sus conclusiones de muchos años dedicados al análisis de esa ideología. Es en ese libro donde aparece la frase citada. Suena bien, parece una idea obvia, la autodeterminación; pero no pasa de ser "una bobada" porque no resuelve ningún problema que no pueda solucionarse por los procedimientos democráticos ordinarios; mientras que su invocación puede contribuir, y con frecuencia contribuye, a hacer irresolubles esos mismos problemas.

Entre otras cosas, dice Gellner, porque "los principios implicados en su aplicación no se respetan entre sí". ¿Por qué tiene ese derecho Euskadi y no lo tiene Álava? ¿Por qué cinco referendos contrarios a la separación son provisionales pero uno a favor sería definitivo?

El derecho a decidir es un eufemismo. Su origen está en sectores de la extrema izquierda antifranquista de los años setenta que tenían dificultades para compaginar su invocación genérica como derecho indiscutible con su opción por la "libre unión" a la hora de aplicarlo. Se recurrió al término soberanía para distinguir el derecho como tal de su ejercicio.

Esta distinción fue adoptada años después por el mundo de ETA y Batasuna en el sentido de que, una vez reconocido el principio, sólo se ejercería tras un "proceso de normalización nacional vasca" (Íñigo Iruin, 1985); es decir, cuando hubiera garantías de que el resultado sería favorable a la independencia. Es esta distinción la que asume Ibarretxe al incorporar a su propuesta la expresión "derecho a decidir". No se trata de propugnar la separación inmediata, sino de convertir esa aspiración en derecho reconocido. Lo que permite aglutinar bajo un programa soberanista a independentistas explícitos, nacionalistas autonomistas e incluso a un sector de la izquierda filonacionalista (la IU de Madrazo).

Tras la muerte de Franco, casi toda la oposición de izquierda asumió como programa propio la defensa de la autodeterminación. Ello provocó una radicalización de los nacionalistas para no verse desbordados en su propio terreno. Pero tras las primeras elecciones democráticas, que evidenciaron la pluralidad de la sociedad, se comprendió que la autonomía era una salida más satisfactoria (capaz de satisfacer a más personas) que un referéndum que obligara a la gente a elegir entre dos opciones excluyentes entre sí.

Recientemente, sin embargo, una nueva oleada de entusiasmo nacionalista de quienes negaban serlo ha vuelto a forzar a los verdaderos nacionalistas a extremar sus planteamientos. En el marco de un revisionismo, sólo en parte generacional, de la Transición, se plantea que la no celebración en su momento de un referéndum sobre la independencia es una mancha que arrastra la democracia española: la señal de su "baja calidad".

Con una característica muy propia de este tiempo: la sacralización de los medios con olvido de los fines. Lo que se reivindica no es tanto la independencia como el procedimiento, elevado a derecho: el "derecho a ser consultados", frase de Ibarretxe de misterioso significado. La idea de una tara de origen que obligaría a hacer ahora lo que no se hizo entonces prescinde de lo esencial: que aunque fuera por un procedimiento distinto, el efecto que se perseguía, acabar con la opresión centralista, fue alcanzado, y de una forma más respetuosa con la pluralidad social.

La crisis, le dice el empresario a Iñaki Anasagasti, aconseja dejar eso ahora. No estamos para bromas, porque el paro acabará llegando también a Euskadi; y no se podrán conjurar sus efectos con jaculatorias como la que encabezaba una manifestación convocada el pasado año por el sindicato abertzale LAB en Pamplona: "Contra deslocalización [de empresas], autodeterminación".