El fiscal pide cárcel para el portavoz de Unió Mallorquina, socio clave del PSOE

La mayoría de centro izquierda que gobierna en Baleares quedó ayer afectada por una grave cuestión: el fiscal anticorrupción Juan Carrau reclamó el ingreso en prisión del diputado Tomeu Vicens, portavoz parlamentario de Unió Mallorquina (UM) y socio clave del PSOE. Vicens está imputado por supuestos negocios ilegales, millonarios, en la antigua promoción de un polígono industrial en Palma.

Por otra parte, también testificó ayer, acusado de prevaricación, el ex consejero de Industria de Jaume Matas y actual diputado balear del PP José Juan Cardona por un asunto en el que están en la cárcel dos altos cargos de su departamento.

El presidente balear, el socialista Francesc Antich, "para dar legitimidad" a su acción contra la corrupción, solicitó en el Parlamento la renuncia de Tomeu Vicens. Éste, imputado en tres causas distintas por supuesta corrupción ligada a temas urbanísticos de anteriores etapas políticas, respondió a Antich que no dimitirá porque se cree inocente. La dirección de UM atendió en parte la reclamación de Antich y anoche decidió sustituir a Vicens en su cargo de portavoz, aunque no le pedirá que renuncie a su escaño. La alianza PSOE-UM-Bloc (PSM-IU-Verds) no está en peligro, según sus integrantes.

La esposa del jefe de filas de UM paga una fianza de 400.000 euros

Anticorrupción le acusa de pedir una factura falsa para evadir impuestos

Tomeu Vicens, abogado y muñidor de los pactos que han dado presidencias y alcaldías al PSOE y arrinconaron al PP a la oposición, fue secretario general de UM y consejero de Ordenación del Territorio de Mallorca en la anterior legislatura. Le acusan de fraude, blanqueo y estafa. Ante el juez, se negó a contestar a las preguntas del fiscal y sólo atendió a su letrado. Vicens defendió que en el caso del polígono de Palma ejerció como profesional, al margen de la política y sin cargo ejecutivo. Se sospecha que ganó más de un millón de euros en la conversión de suelo rústico en solares de servicios al lado del aeropuerto de Palma.

Según el fiscal, Vicens cobró a través de sociedades pantalla, en las que figuraba su mujer con otros amigos, y reclamó una factura falsa para evadir impuestos. Carrau pidió que el asunto se desplace al Tribunal Superior por la condición de aforado del político y para que se adopte la orden de prisión. La esposa de Vicens, Antonia Martorell, tuvo que pagar una fianza de 40.000 euros para esquivar la cárcel.

Las investigaciones obligaron a alterar el guión del debate de estado de la comunidad en el Parlamento balear. Vicens no pudo hablar en la Cámara por la cita ante el juez. En el PP se dio la baja temporal del ex consejero José Juan Cardona, encausado en el escándalo del Consorcio de Desarrollo Económico, donde se malversaron dos millones. Cardona acudió al juzgado y negó tener conocimiento de los desvíos y haber cobrado comisiones. Por eso ya están encarcelados dos altos cargos del departamento y la esposa de uno de ellos. Tras declarar cuatro horas, sigue imputado y libre.