Nace la Oficina Antifraude para agilizar la lucha contra la corrupción

El Parlament dio luz verde ayer, tras cuatro años de tensas negociaciones, a la ley de la Oficina Antifraude de Cataluña, con los votos de las tres formaciones del tripartito y de Ciutadans. Este organismo nace con la misión de "luchar contra la corrupción" tal como se encargó de subrayar el parlamentario de Esquerra Republicana, Xavier Vendrell, padrino de la ley. Esta oficina, pionera en las comunidades autónomas, se encargará de prevenir e investigar posibles casos de corrupción no sólo de la Generalitat, sino de todas las administraciones públicas catalanas, elemento que fue motivo de controversia entre socialistas y republicanos. Los primeros querían limitar sus competencias a la Administración autonómica.

Tras el hundimiento en el barrio del Carmel de Barcelona, en enero de 2005 y las veladas sospechas de corrupción entre PSC y CiU, el tripartito del socialista Pasqual Maragall, auspiciado por ERC, se impuso la creación de este organismo fiscalizador. El proceso judicial del Carmel se saldó sin responsables y en la actualidad, los vecinos se benefician de ayudas y realojamientos.

Ante los recelos de CiU y PP por el posible solapamiento entre las funciones de la oficina y la Sindicatura de Cuentas, el mismo Xavier Vendrell precisó que la primera podrá actuar ex ante, es decir, antes de la materialización del presunto delito. La ley especifica que, al menor indicio delictivo, los responsables de la Oficina Antifraude deberán acudir a la Justicia. Ante las críticas de nacionalistas y populares, los portavoces del tripartito destacaron que la ley preserva la independencia de este organismo al hacerlo depender del Parlament y no del Gobierno. "Es un organismo independiente, no gubernamental", subrayó el republicano.

Para remarcar la independencia de la oficina, el puesto de director tendrá un mandato de nueve años -no prorrogable- que sobrepasa el periodo de dos legislaturas autonómicas. Además, será el Parlament el que refrende su nombramiento por una mayoría de tres quintas partes, después de que el aspirante supere una criba de una comisión de la Cámara. La Oficina Antifraude dispondrá de un presupuesto aproximado de 4,2 millones de euros para 2009 y ocupará a 41 personas.

La aprobación de la norma ha tenido que superar casi cuatro años de negociaciones, sobre todo entre los socios del tripartito, y dos dictámenes del Consejo Consultivo. En el primer informe se despojó a la oficina de cualquier potestad penal, pues se otorgaba algunas funciones propias de la fiscalía y tenía adscritos 15 agentes de los Mossos. En el segundo dictamen, el Consultivo certificó la subsidiariedad de la oficina respecto a la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.

En el debate parlamentario de ayer, el convergente Lluís Corominas denunció que la Oficina Antifraude carece de "espacio competencial", mientras que la popular Belén Pajares auguró "conflictividad permanente" y "trifulcas" con otros organismos, como la Sindicatura.