La Comisión Arbitral estima en parte los recursos forales a la ley Municipal

La Comisión Arbitral, el órgano extrajudicial encargado de la resolución de conflictos entre las instituciones de la comunidad autónoma, repartió ayer salomónicamente la razón entre el Gobierno y las diputaciones de Álava y Vizcaya en relación con el proyecto de ley Municipal. A la espera de que se dé a conocer hoy el dictamen concreto a las partes, el presidente de la Comisión Arbitral, y del Tribunal Superior vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, sólo quiso avanzar al término de la reunión, celebrada en la sede del Parlamento durante dos horas, que se ha estimado "parcialmente" el recurso de las diputaciones.

La ley no puede ya cubrir los plazos para ser aprobada en esta legislatura

Algunos artículos del proyecto de ley enviado por el Gobierno a la Cámara, que no quiso precisar, "no se adecúan a la distribución de competencias" marcada por la ley de Territorios Históricos.

Sin embargo, en lo referente a la legislación refundida que rige el régimen presupuestario, la Comisión Arbitral desestimó las pretensiones de ambas diputaciones y ha dado la razón al Gobierno.

Los recursos ocasionaron en julio pasado una agria polémica entre la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y las instituciones forales. La número dos del Ejecutivo acusó a las diputaciones recurrentes de "deslealtad" y sostuvo siempre, pese al desmentido del máximo mandatario alavés, Xabier Agirre, que el texto del proyecto de ley se consensuó con ellas. La Diputación guipuzcoana se ha mantenido al margen.

El PNV, partido al que pertenecen todos los implicados en la cuestión, y cuyos dirigentes José Antonio Rubalkaba y Belén Greaves mediaron en el asunto en su día, nunca quiso pronunciarse en público.

Una vez emitido este dictamen, el proyecto podrá reanudar su tramitación en la Cámara, que quedó suspendida el 14 de julio. La Comisión Arbitral fijó inicialmente el 22 de septiembre para pronunciarse, pero alargó después por dos veces ese plazo.

Ahora deberá ser el Gobierno quien decida si se atiene al dictamen, que no es vinculante, o mantiene el proyecto, pero ello daría como resultado seguro su impugnación ante los tribunales una vez aprobado en la Cámara por las mismas diputaciones que lo han cuestionado ahora.

Lo esperable es que el Ejecutivo modifique el proyecto en el sentido de las indicaciones de la Comisión Arbitral, algo que puede hacer en la Cámara a través de enmiendas de los grupos del tripartito.

El efecto práctico sobre la ley es irrelevante, ya que las posibilidades que se apruebe en esta legislatura son nulas por los plazos de su tramitación. Su destino es decaer con la disolución de la Cámara, prevista para principios del próximo enero, una vez terminado el actual periodo de sesiones, al que le quedan poco más de dos meses.

El propio Jokin Bildarratz, presidente de Eudel, la asociación que reúne a todos los municipios vascos, también del PNV, reconoció ya en julio pasado tras los recursos de las diputaciones que no habrá ley "porque no ha habido voluntad política". Bildarratz destacó el hecho de que el Ejecutivo no aprobara el proyecto hasta el 3 de junio pasado, en el último tramo de su mandato.

Los ayuntamientos vascos son los únicos de España que carecen de un ley propia, que es competencia exclusiva del Gobierno autónomo, y que las demás comunidades sí han elaborado. Los municipios la vienen reclamando desde 1983.

Un 30% del gasto municipal se va en desempeñar competencias que no son de los ayuntamientos, pero que les delegan el Gobierno o las diputaciones, sin proporcionarles los recursos económicos correspondientes. Falta ahora por ver si los consistorios comienzan a presentar, como anunció en su día el presidente de Eudel, un "goteo" de denuncias contra el Gobierno y las diputaciones a causa de esas competencias que se ven forzados a ejercer sin medios.