El gasto en publicidad del Gobierno aumenta un 42,6% entre 2003 y 2008

El control del gasto publicitario del sector público vasco parece una misión imposible en Euskadi. En el Parlamento duerme el sueño de los justos una ponencia creada en junio de 2007 para elaborar una ley que ordene la publicidad institucional en la Administración autonómica y sus sociedades y empresas públicas. Unos meses antes, el portavoz de economía del PP, Antón Damborenea, presentó una proposición de ley de publicidad y comunicación institucional, que buscaba un mayor control; una iniciativa que seguía la senda de la ley aprobada por las Cortes Generales en 2005 a propuesta del Gobierno. Mientras la ponencia está parada, el gasto en comunicación institucional se dispara. En 2003 fue de 23,09 millones de euros y en 2008 será, según los presupuestos, de 32,92 millones, un 42,6% más. El incremento responde fundamentalmente al gasto cada vez mayor del sector público -las sociedades y empresas en las que la Administración general cuenta con más del 50% del capital social-, donde el alza ha sido de un 121,86% entre 2003 y 2008.

La Administración del Estado cuenta con una ley de control desde 2005

En los últimos días, Damborenea y su colega del grupo socialista en el Parlamento, Antonio Rivera, han tenido contactos para intentar reactivar una ponencia que no se ha reunido desde su constitución. Sin embargo, la legislatura toca a su fin y es más que probable que la ponencia parlamentaria y la proposición se queden definitivamente en el limbo por la falta de interés de los partidos que sustentan el tripartito (PNV, EA y EB) para que esta cuestión termine en ley. El modelo restricivo de la ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional de diciembre de 2005 sí ha calado en otras comunidades. Asturias aprobó su norma en junio de 2006 y en Galicia la Xunta envió su proyecto de ley el pasado mes de octubre al Parlamento gallego.

Una mirada a los presupuestos permite conocer la importancia de este gasto. En el caso de la Administración general (los departamentos del Gobierno) su cuantía se ha mantenido más o menos estable desde 2003 cuando ascendió a 14,95 millones de euros. Este año está prevista una partida de 14,86, un 0,6% menos que entonces. Pero esta contención a la baja resulta engañosa no se tiene en cuenta el conjunto del sector público, cuyo crecimiento ha ido en paralelo al de las cantidades destinadas en sus presupuestos a publicidad, propaganda y relaciones públicas.

En 2003 estas sociedades y empresas públicas gastaron 8,14 millones de euros por este concepto. Al año siguiente, fueron ya 10,26 millones, un 26% más. En 2005 la cifra llegó a los 10,94 millones, con un 6,6% de incremento, y al año siguiente se produjo una caída del 0,2%. Esta bajada se compensó en 2007 con un alza de los gastos en publicidad del 14,7%, hasta alcanzar los 12,52 millones de euros. Pero la subida más pronunciada es la prevista para el ejercicio en curso, un 44,2%, con un total de 18,06 millones de euros presupuestados. Una mirada al periodo completo ofrece una subida global de un 121,9% en seis años.

Las sociedades, empresas y las fundaciones dependientes del Gobierno emplean ya a más de 1.900 personas que no están sometidas a las condiciones de contratación establecidas para la función pública. Dicha cifra supone dos tercios del total de funcionarios y la mitad del personal que trabaja en la Administración general, es decir, sin contabilizar las plantillas de la Ertzaintza, la Administración de Justicia, la enseñanza y Osakidetza. A todas estas sociedades hay que sumar cerca de otras 150 empresas en las que la participación del Ejecutivo es igual o inferior al 50% del capital. La oposición acusa al Gobierno de estar privatizando servicios públicos y destaca que resulta imposible conocer la cifra exacta de las empresas participadas.

El Ejecutivo no ha precisado nunca los motivos para desarrollar esta red paralela de trabajo, más allá de las formulaciones genéricas sobre la oportunidad y la eficacia en la gestión. Los sindicatos y la oposición advierten de que se están privatizando servicios públicos y que existe un problema de competencia desleal de la Administración con el sector privado.

La red de empresas resulta mucho más importante en unos departamentos que en otros. En este ámbito destacan especialmente Agricultura y Pesca, e Industria, Comercio y Turismo, dos de las consejerías que mueven un mayor volumen de ayudas públicas.