La OCDE critica a Londres por inacción ante los sobornos
En un informe redactado con inusitada dureza, la OCDE denunció ayer la "falta de voluntad política" del Gobierno del Reino Unido para perseguir la corrupción y en concreto el pago de sobornos en el extranjero para conseguir contratos comerciales. El informe, de 75 páginas, aborda en particular los presuntos sobornos pagados a lo largo de varios años por la aeronáutica BAE Systems a altos cargos de Arabia Saudí para primero firmar y luego ir renovando diversos contratos de venta de aviones de guerra. La OCDE investiga la evolución de la corrupción en sus Estados miembros, pero no tiene poderes para intervenir.
Las investigaciones sobre el caso BAE Systems fueron paralizadas en diciembre de 2006 por el entonces primer ministro británico, Tony Blair, que alegó razones de seguridad nacional para justificar esa medida. La Oficina de Grandes Fraudes estaba investigando la legalidad de diversas comisiones por al menos 1.800 millones de euros pagadas por la empresa británica al príncipe Bandar bin Sultan, durante 20 años embajador de Arabia Saudí en Washington, consejero de seguridad nacional del rey Abdullah y personaje clave en las relaciones entre la familia real y Occidente.
La OCDE critica al Reino Unido por su "continuado fracaso" en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para luchar contra el pago de sobornos en el extranjero y la aplicación de la "convención antisoborno". Desde que hace nueve años se empezó a aplicar esta convención, los tribunales británicos sólo han condenado a un sospechoso.
Reacción
El actual responsable británico contra la corrupción y ministro de Justicia, Jack Straw, que esta semana anunció en los Comunes una nueva ley contra la corrupción, dio la "bienvenida" al informe de la OCDE y se comprometió a "estudiarlo con detalle". Pero, quizás significativamente, no se comprometió a asumir sus recomendaciones, en contra de lo que suele hacer el Gobierno cuando un grupo de expertos nacionales eleva un informe sobre determinado problema.
La OCDE recomienda, por ejemplo, que el fiscal no pueda interferir en una investigación de la Oficina de Grandes Fraudes sobre sobornos a empresas extranjeras. También recomienda que las empresas que pagan sobornos tengan responsabilidad corporativa y asegurar que no se pueda parar una investigación por razones de interés económico nacional.
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