El PP descarta expedientar a Fabra y Soria por las sospechas de corrupción

El asunto de la corrupción es tabú en el PP. Cada vez que estalla algún caso nuevo, como el de José Manuel Soria, presidente del partido en Canarias, investigado por un posible delito de cohecho, la única respuesta esquiva que encuentran los periodistas es la de que "el PP respeta a la justicia".

Soria viajó al festival de Salzburgo y a Noruega a pescar salmones en el jet privado de un empresario al que supuestamente favoreció cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Pero el Comité Nacional de Garantías, competente en estos asuntos, ni siquiera ha abierto un expediente informativo, según fuentes de la dirección. Soria ha hablado con varios compañeros y con el líder, Mariano Rajoy, para explicar la situación y asegurar que "tiene todas las facturas" para demostrar que lo pagó todo de su bolsillo.

Si la palabra "corrupción" es tabú en el nuevo PP, el nombre de Carlos Fabra implica silencio. El presidente de la Diputación de Castellón no sólo está imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal. Además, ha renunciado públicamente a explicar la procedencia de seis millones de euros que ingresó entre 1999 y 2004 y que según la Fiscalía Anticorrupción no están justificados por su sueldo de presidente de diputación.

A pesar de estos datos, que algunos miembros de la dirección ven -en estricta conversación privada- como preocupantes, tampoco Fabra está sometido, ni parece que vaya a estarlo en ningún momento, a un expediente interno. En este caso debería encargarse el Comité de Derechos y Garantías de la Comunidad Valenciana. Nada se ha hecho ni nada se piensa hacer. La excusa oficial es que Fabra sólo está imputado.

Los estatutos del PP -los antiguos, porque los nuevos no se han hecho públicos casi cuatro meses después del Congreso de Valencia- señalan que se debe abrir un expediente informativo "cuando se tuviere conocimiento de la existencia de hechos o conductas de afiliados en el ejercicio de cargo público, que pudieran ser éticamente reprobables o que comprometieran el honor o la imagen del partido". El PP parece entender que las informaciones aparecidas sobre Fabra no comprometen su imagen.

Esta decisión, que según fuentes de la dirección obedece al poder que tiene Fabra en el partido -controla Castellón y desde ahí ha ayudado a Francisco Camps a luchar contra los zaplanistas y a Rajoy a impedir que cuajara la candidatura del castellonense Juan Costa- contrasta con lo que el mismo PP de Rajoy ha hecho en Baleares. Ante los continuos escándalos de corrupción, por orden de la dirección nacional, el PP balear creó un comité de ética y ya ha expulsado cautelarmente o expedientado a 11 personas, además de pedir que el ex presidente Jaume Matas acuda a explicarse. Ninguno de los 11 expedientados tiene un poder interno similar al de Fabra y Soria.