Catilla-La Mancha amenaza con retirar el Estatuto si el Congreso lo devalúa

La unanimidad de las Cortes de Castilla-La Mancha, en las que el PSOE y el PP se congratularon de aprobar un nuevo Estatuto para su región en el que destaca la exigencia del fin del trasvase del Tajo al Segura en 2015, se truncó ayer en el Congreso. Y no tanto por el fondo, ya que el texto se tomó en consideración sólo con tres votos en contra -dos diputados murcianos del PP y la diputada de UPyD Rosa Díez-, sino por el malestar, en muchos casos ostensible, con el que vivieron los diputados del PSOE y del PP de Murcia y Valencia la presentación del texto que hizo el presidente de la comunidad, José María Barreda, y cuyo punto estelar es el fin para 2015 del trasvase Tajo-Segura. El malestar se tornó en auténtico enfado cuando Barreda hizo una advertencia que a muchos les sonó como amenaza: "Si el texto fuera modificado sustancialmente sin que los intereses de Castilla-La Mancha se vean reconocidos, antes de permitir que se apruebe un Estatuto devaluado, pediré a las Cortes de Castilla-La Mancha que lo retiren. Y seguiremos luchando".

Estas palabras sonaron poco conciliadoras para los diputados socialistas de Valencia y Murcia, que ya habían sido convencidos por los dirigentes del Grupo Socialista para que ni por lo más remoto se les ocurriera hacer algún gesto de disidencia como votar en contra o ausentarse. Y los socialistas se aguantaron y votaron. Lo importante para ellos es que lo que no les gusta -tampoco al Gobierno- se modifique en la Comisión Constitucional, donde ahora empieza la negociación, artículo por artículo. Pero las direcciones del PSOE y del PP saben perfectamente que si en la comisión se pone fin al trasvase no valdrán las invocaciones a la disciplina y no podrán contar con sus 43 diputados murcianos y valencianos para aprobar el Estatuto de Castilla-La Mancha.

De momento, tanto la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, no dejaron la menor duda de que habrá cambios para ajustar la voluntad expresada por las Cortes de Castilla-La Mancha, "a la voluntad general y se harán los cambios necesarios sobre las materias problemáticas para ajustarlas al interés general".

El malestar de los socialistas se mitigó en parte por solidaridad con Barreda ante el ataque directo y personal que le lanzó el portavoz adjunto del PP, Arturo García Tizón, diputado por Toledo y firme defensor del fin del trasvase. "Usted no ha hecho hoy el discurso adecuado, ha hecho el discurso del agua y no del Estatuto de Castilla-La Mancha, mostrando a nuestra región insolidaria con el resto de España". Barreda se mostró perplejo ante esta acusación, y le recordó que están juntos en esta aventura. "Usted es un provocador", le volvió a espetar García Tizón, sin afán de arreglarlo.

En efecto, todo el discurso de Barreda transcurrió con el ánimo de convencer de que Murcia y Valencia deben hacerse a la idea de que sus recursos hídricos deben buscarlos en las desaladoras y en la reutilización del agua y olvidarse de explotar este cauce artificial que, dijo, necesitan los más dos millones de castellano-manchegos. Enfadados como estaban murcianos y valencianos de los dos partidos, no atendieron la propuesta de Barreda de utilizar la tramitación del Estatuto, para "hacer un Pacto de Estado sobre el agua, dejando atrás planes anteriores".