Por el interés común

Hacía muchos años que no existía una convergencia tan explícita en las orientaciones de política económica de la práctica totalidad de los Gobiernos de las economías avanzadas. Desde el comunicado del G-7 del viernes hasta los acuerdos de la reunión dominical de los jefes de Gobierno del Eurogrupo ayer en París, pasando por las sugerencias del FMI, hay consenso en favor de la intervención de los Gobiernos con fondos públicos para evitar el hundimiento de sus sistemas financieros. Parece obvio, pero hasta hace poco la ortodoxia dominante recetaba la abstención de los poderes públicos. Lo ha dicho el director gerente del FMI: a partir de ahora, los sistemas financieros, desde luego aquellos que han puesto a la economía mundial al borde del desastre, deberán someterse a una más estricta regulación y un estrecho escrutinio supervisor.

Los contribuyentes de todos los países afectados tienen razones poderosas para ser escépticos acerca de esa suerte de socialismo de los ricos en que están derivando las terapias de apuntalamiento del sistema financiero global. Pero no hay más remedio que apuntalar, porque la alternativa, la inacción, sería mucho más costosa para todos. Lo importante ahora es fortalecer la coordinación refrendada ayer en París, y que se lleven bien las cuentas de los costes del salvamento, para que paguen los que han contribuido al hundimiento. En el interés de todos está esa coordinación que a última hora ha procurado el Eurogrupo con el fin de restaurar ya sea mínimamente la confianza quebrada. Ni las economías y sistemas financieros más sólidos del mundo pueden permitirse sufrir otra semana como la pasada. Restauración de la confianza hoy es sinónimo de avances en la gobernación global, de intervenciones conjuntas en los mercados, aun cuando ello signifique en algunos países la nacionalización de algunos bancos importantes para impedir su quiebra. Esa posibilidad, así como la de garantizar también con fondos públicos hasta fin de 2009 los préstamos interbancarios, es la principal conclusión de la reunión de París. A cambio, los bancos deberán comprometerse a conceder créditos a las familias y las empresas, acabando con la parálisis actual motivada por la desconfianza. Es evidente que en este contexto, el BCE deberá seguir flexibilizando su política monetaria.

Aunque en España la situación bancaria no es tan grave, es conveniente que el Gobierno y el Banco de España contemplen escenarios de contaminación del sistema financiero. También sería bueno que la oposición diera muestras de que entiende lo que está ocurriendo en el mundo y facilitara la adopción de esas decisiones excepcionales que es posible haya que seguir adoptando. Entre ellas puede estar el compromiso de fondos públicos adicionales; y no puede descartarse la revisión, como ya se ha planteado en algunos países estos días, de los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con las nuevas realidades y expectativas.