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La comisión del fraude de Irún espera consensuar su veredicto

El diputado de Hacienda declarará la próxima semana

El País

Los grupos políticos de la comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investigan el fraude de la Hacienda de Irún tratarán de alcanzar el mayor grado de consenso posible en sus conclusiones, que quieren dar a conocer antes de finales de año. El presidente de la comisión, el socialista Julio Astudillo, afirmó ayer que a los partidos les queda la "tarea dura y difícil" de elaborar una resolución final con el "máximo consenso".

En la sesión comparecieron los asesores fiscales Mariano Bravo y Marco Antonio Rodrigo Ruiz, y los técnicos de Hacienda Iñaki Urcelay y Eva Cerrajería. La comisión trata de averiguar si hubo responsabilidades políticas en el fraude cometido en la Hacienda de Irun, cuyo ex jefe, José María Bravo, se halla imputado como supuesto cerebro de una trama que defraudó 8,1 millones de euros a las arcas públicas y se apropió presuntamente de 1,6 millones.

El abogado Mariano Bravo -sin ninguna relación de parentesco con el principal acusado-, quien estuvo inicialmente imputado en el caso, aunque le fue retirada a las pocas horas, realizó una exposición general de los aspectos más relevantes para el "esclarecimiento de las investigaciones", explicó Astudillo, quien destacó la actitud de colaboración mantenida durante su exposición.

Mariano Bravo rehusó declarar en mayo pasado cuando fue llamado por la comisión para salvaguardar su imagen pública. Esta vez sí se presentó tras lograr que le permitieran acceder a la sede de las Juntas desde el garaje para eludir la presencia de los periodistas.

El otro asesor, Marco Antonio Rodrigo, fue llamado a declarar para contrastar la versión de dos asesores fiscales, afirmó Astudillo. Tanto Urcelay como Cerrajería comparecieron de nuevo para "aclarar algunas dudas que han surgido con posterioridad" a las declaraciones que prestaron al comienzo de los trabajos de la comisión.

Las comparecencias se cierran la próxima semana, cuando están citadas cinco personas, entre ellas el diputado de Hacienda, Pello González.

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