Enfrentamiento sin reglas

La legislatura empezó con algunas señales de que el clima político podía ser distinto que el de la anterior. Parecía que el PP había decidido hacer otro tipo de oposición, en la que no se buscara la confrontación permanente en todo, sino que parecía que estaba abierto a llegar a acuerdos con el Gobierno, especialmente en asuntos de los que se suelen llamar de Estado. Había tantas ganas de que fuera así que, incluso cuando se ha seguido un procedimiento manifiestamente perverso para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se le ha dado una suerte de voto de confianza al nuevo Consejo, esperando que no se parezca al anterior.

Me temo que la mejoría del clima político ha sido un espejismo. Se ha cerrado la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque no había la posibilidad de no cerrarla. La situación del órgano era tan imposible de mantener que había que llegar a algún acuerdo fuera como fuera. De ahí que lo que ha salido y la forma en que ha salido haya sido la que ha sido. Mejor no podía salir.

El fraude de ley hecho por el PP deja la renovación del Constitucional en un callejón sin salida

Pero desde que se cerró el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, las condiciones meteorológicas no han hecho más que empeorar. Y de una manera general. La petición de María Dolores de Cospedal de la retirada por el Gobierno del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, es una exigencia tan absurda y de tan imposible cumplimiento que únicamente pueden entenderse como una declaración de guerra sin cuartel. Hasta una persona que ha visto ya tantas cosas como el ex gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, respondía a pregunta de Iñaki Gabilondo sobre la posibilidad de un comunicado conjunto del presidente del Gobierno y Mariano Rajoy para dar confianza a los ciudadanos, que él no creía en utopías. Si, ante una crisis de la naturaleza y de la intensidad de la que estamos viviendo, no es posible que los dos partidos de gobierno de España sean capaces de ponerse de acuerdo para aprobar un plan a fin de hacerle frente, ¿en qué otra cosa van a ser capaces de ponerse de acuerdo?

Nos vamos deslizando hacia una legislatura parecida a la anterior, en la que la renovación del Tribunal Constitucional parece que va a ocupar el lugar que ocupó la renovación del Consejo General del Poder Judicial en la legislatura pasada. El fraude de ley cometido por la dirección nacional del PP, que han secundado los Parlamentos autónomos en los que los parlamentarios populares estaban en condiciones de hacerlo, reiterando todos la propuesta de dos candidatos que se han inhabilitado manifiestamente con su conducta en los últimos siete años para poder ser magistrados del Tribunal Constitucional, sitúa la renovación del Tribunal Constitucional en un callejón sin salida.

Pues tan callejón sin salida es ceder al chantaje del PP como no ceder al mismo. Si no se cede, porque el PP dispone de minoría de bloqueo en el Senado y, en consecuencia, ningún candidato podrá alcanzar la mayoría de tres quintos exigida. Y si se cede, porque habrán accedido al Tribunal Constitucional dos personas indignas, que van a provocar en el órgano al que acceden los mismos destrozos que han provocado en el órgano del que proceden. La situación de deterioro en que se encuentra ya el Tribunal Constitucional hace imposible que pueda funcionar con dos magistrados como Francisco Hernando y Enrique López.

Lo ocurrido en la pasada legislatura en la renovación del Consejo General del Poder Judicial no nos permite ser optimistas. Es más que probable que asistamos a una muy prolongada ausencia de negociación, independientemente de que se produzcan muchas reuniones, entre quienes tienen que constituir la mayoría de tres quintos exigidas. Es decir, es más que probable que se llegue a una situación límite, en la que se acabe produciendo una mayor deslegitimación todavía del Tribunal Constitucional. Al final habrá que acabar encontrando una salida, que no podrá ser mejor que la que se ha encontrado para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

En el sistema político español que se construyó trabajosamente a partir de la Transición se produjo una quiebra en 1993, que está dificultando sobremanera el funcionamiento del mismo. El acuerdo sobre determinados principios que no pueden siquiera ser sometidos a discusión, que es en lo que consiste ante todo, la democracia, dejó de operar tras la derrota electoral del PP en 1993. No se ha vuelto a recuperar. Sin ese acuerdo, la política se convierte en un enfrentamiento sin reglas.