Cáritas censura el retraso de la ley de renta de ciudadanía

Cáritas apeló ayer, "en estos momentos de crisis", a la Generalitat para que agilice la puesta en marcha de la principal medida con que cuenta para atender a las personas más desfavorecidas, la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, cuya aplicación está prácticamente paralizada.

La ley se aprobó hace año y medio, y entró en vigor el pasado mes de marzo. Después de años de reivindicaciones por parte de las organizaciones sociales, la Comunidad Valenciana contaba por fin con un instrumento que garantizaba el derecho de las personas sin recursos a cobrar unas prestaciones de entre 373 y 603 euros al mes, vinculadas a la voluntad de inserción sociolaboral de los beneficiarios en forma de asistencia a cursos. Sin embargo, apenas hay familias que hayan comenzado a percibir estos fondos. Y ello a pesar de que tienen derecho a hacerlo desde hace siete meses.

El Consejo Diocesano de Cáritas en Valencia, reunido el sábado pasado, abordó esta situación. En un comunicado difundido ayer, recuerda el retraso en la aplicación de la norma y apela a la Generalitat a "redoblar los esfuerzos en protección social", tanto para "apoyar aquellas situaciones de vulnerabilidad que se están produciendo en la actualidad" como "a aquellas personas que padecen extrema pobreza y que deben ser atendidas a largo plazo".

Agilidad

Por ello, Cáritas, que repetidamente ha insistido en la necesidad de impulsar la Ley de Renta Garantizada, reclamó al Consell que "se dote económicamente" y que se lleve adelante "una gestión ágil y transparente de los fondos asignados a apoyar a las personas y familias que viven en la exclusión social", además de "evitar al máximo la burocratización de los servicios sociales a la hora de gestionar las ayudas".

Además, respecto a la ley, la organización católica solicita que se centre la atención no sólo en las personas que pueden acogerse a esta medida, sino también a aquellas personas "de difícil empleabilidad que una vez más se quedan al margen de la letra de esta ley y que deben de seguir siendo atendidas". Para colaborar en el desarrollo de la ley, Cáritas se ofrece a la Administración para "detectar las necesidades que existan en el ámbito de su competencia", así como de actuar como interlocutor, junto a otras organizaciones, con el fin de "colaborar en el desarrollo y a la puesta en práctica de la ley".