Las víctimas piden ampliar la ley

Las asociaciones de víctimas del terrorismo han planteado precisiones a la propuesta del Ministerio del Interior para el nuevo proyecto de ley integral de víctimas. La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, cree que se debe vincular la ley y la visibilidad de las víctimas con la lucha antiterrorista con medidas disuasorias, como el seguimiento del alzamiento de bienes de terroristas. Pretende que el Gobierno precise la figura del acoso de ETA y pide actuaciones públicas en favor de personas en situaciones difíciles, que pueden llevar a cambiar de casa o trabajo.

Roberto Manrique, presidente de las asociaciones autonómicas, se felicita de que se recojan antiguas exigencias como la indemnización por secuestro exprés, y pide que la ley no tenga fecha tope para evitar lo sucedido con la de 1999 que, al promulgarse en la tregua de ETA, cerró en ese año los beneficios para las víctimas.

Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, celebra que se reconozca a todos los españoles víctimas de actos terroristas en el extranjero, incluso cuando no se ataquen intereses nacionales, pero cree que debe extenderse a las víctimas en conflictos bélicos, como el cámara José Manuel Couso, asesinado por soldados de EE UU en Irak. Manjón insiste en que la nueva ley debe superar agravios comparativos, como el que la pérdida de una vida se indemnice con 900.000 euros y una persona con graves lesiones perciba 2,5 millones.

Juan Antonio Casquero, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se queja de que el Gobierno sólo les haya enviado líneas generales de la ley, que, insiste, debe ser "integral", no una ampliación de la de 1999.