La crisis llega al subsuelo catalán

La arqueología, que desentierra restos del pasado, y el sector inmobiliario, que construye edificios, tienen, de entrada, poco que ver; incluso representan mundos opuestos. Sin embargo, la crisis de los últimos tiempos está afectando a la arqueología en Cataluña, como lo refleja el hecho de que este año no se van a alcanzar los 1.734 permisos de excavación que la Generalitat concedió en 2007 para realizar trabajos arqueológicos, una cifra que había crecido de forma continuada año tras año desde la década de los noventa.

La situación afecta a 400 arqueólogos en un sector con convenio pionero

El nexo es simple pero poco conocido y, sin embargo, ha ido marcando la actividad arqueológica catalana de los últimos años: la mayoría de las excavaciones que se han realizado durante décadas en Cataluña son intervenciones preventivas o de urgencia fruto de la propia actividad inmobiliaria. Ello es así por la ley vigente, que obliga a que antes de comenzar una obra que pueda de afectar a restos del pasado (construir un edificio, una rehabilitación o abrir una zanja para cableado) se realice una excavación con el fin de que los restos se conserven o se documenten antes de destruirlos. Según datos de la Generalitat, en 2007 se concedieron 1.592 permisos para hacer excavaciones de urgencias en Cataluña, el 91,8% del total, y 142 fueron trabajos programados y de investigación, o sea, sólo el 8,2%.

El boom inmobiliario ha obligado a realizar, pues, muchas excavaciones previas y a que se necesiten muchos arqueólogos para hacerlas: unos 400 profesionales, que han trabajado durante estos años para una treintena de empresas contratadas directamente por el promotor inmobiliario. El año pasado, dichas empresas firmaron el primer convenio colectivo del sector en España. Pero ahora, con el parón inmobiliario, se construye menos y se trabaja menos, por lo que muchas de ellas empiezan a presentar problemas de liquidez.

El problema económico también afecta a las excavaciones programadas que realizan los servicios de patrimonio de los ayuntamientos o los departamentos universitarios (111 a lo largo de este año), pues, según directores de excavación que prefieren mantenerse en el anonimato, la mayoría de las campañas ya se han realizado, pese a que la Generalitat aún no les ha aprobado el presupuesto, ni por supuesto dado cantidad alguna para hacerlas, algo que se repite año tras año y que obliga a trabajar en precario, según las mismas fuentes. También se quejan de la burocratización de la Administración y de la escasa difusión de sus trabajos y de los cientos de excavaciones que cada año se realizan en todo el territorio, cuyas memorias quedan depositadas en el Servicio de Arqueología y no ven la luz en ninguna publicación, por lo que la información no se convierte en conocimiento.

La idea es poner remedio a todo esto. Josep Maria Carreté, director general de Patrimonio y arqueólogo, lo anunció el pasado martes durante la celebración de los 25 años de la revista Tribuna de Arqueologia, ante el colectivo de profesores, investigadores y alumnos: "Se va a excavar menos, mejor y con más calidad". Y al parecer se va a intentar, pues desde mayo se trabaja en la elaboración de un plan integral de la arqueología catalana, el Piacat, para normalizar y regular la práctica de la arqueología. Se han formado 11 mesas de trabajo, a las que se ha convocado a los profesionales de la arqueología, y durante 120 horas se han debatido los problemas de formación, difusión, ética, legislación, investigación y ejercicio de la profesión. Los arqueólogos que asistieron al acto del martes aplaudieron al director general tras sus palabras, pues pese a estar molestos con la situación actual esperan que el plan, que debe entrar en funcionamiento en enero ddel año próximo, acabe de una vez con la mala sintonía de los últimos años entre la Administración y los profesionales que ejercen la arqueología en Cataluña.