Unos presupuestos que miran más allá de 2009

Como es usual a principios de mes, esta semana hemos conocido información abundante y muy relevante sobre la coyuntura española. Entre otros indicadores, están la afiliación a la Seguridad Social (-1,4% interanual) y el paro registrado (+30,1%) de septiembre, el IPI de agosto (-7%), el avance del IPC de septiembre (bajada de la inflación de tres décimas porcentuales, una de las pocas noticias buenas), la balanza de pagos de julio (el crecimiento del déficit se modera al caer las importaciones), los visados de junio y julio (caídas superiores al 50%), el nuevo índice de precios de la vivienda que ha empezado a publicar el INE (enhorabuena, porque hacía falta) y el acuerdo del Consejo de Gobierno del BCE de mantener los tipos de interés. El BCE sigue muy preocupado por los aumentos nominales de los salarios, aunque de las declaraciones de su presidente se deduce un cierto cambio en la percepción de la coyuntura, que augura bajadas en los próximos meses, si bien el problema ahora no es tanto los tipos sino la falta de liquidez. Lo que nos dice toda esta información se puede resumir en que el proceso de ajuste del consumo e inversión se intensifica (la restricción crediticia impone su ley), provocando una contracción de la producción y del empleo, todo lo cual, y con la ayuda de la caída del precio del petróleo, empieza a surtir efectos en la reducción de los desequilibrios en el ámbito de la inflación y del déficit exterior. La respuesta a la pregunta de hasta cuándo puede durar esto está sujeta a una gran incertidumbre, pero pensemos que el ajuste de los elevados desequilibrios no ha hecho más que empezar y que la normalización de los mercados de crédito va para largo.

El margen de actuación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 es bastante limitado

Las previsiones del Gobierno de crecimiento del 1% son muy poco o nada probables

Pero, por encima de toda esta información, la máxima actualidad de la semana ha sido la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Se pide mucho a estos presupuestos, pero su margen de actuación es bastante limitado. Un primer aspecto, a este respecto, es recordar de qué estamos hablando. El gasto que realiza de forma directa el Estado, excluida la Seguridad Social, es del orden del 20% del gasto público total y un 8,5% del PIB. De este gasto, más del 40% son partidas que vienen establecidas de antemano, y el resto, que sería en torno al 4% del PIB, admite cierta discrecionalidad, pero también limitada. No pidamos, por tanto, que manejando estas cantidades el presupuesto del Estado pueda ejercer un impacto considerable sobre la economía.

En todo caso, se puede aducir que siempre el Estado puede aumentar ciertos gastos o reducir los impuestos de forma significativa. Pero aquí también los presupuestos de este año son bastante impotentes, a no ser que se quiera poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Ello es así porque todo el margen que daba el superávit del conjunto de las AAPP del 2,2% del PIB en 2007 se ha gastado en 2008, pues las diversas medidas y reformas de impuestos han restado unos 20.000 millones (un 2% del PIB) a la recaudación. Si a ello le sumamos un cierto efecto expansivo por parte el gasto y, sobre todo, el efecto de los estabilizadores automáticos, dicho superávit se habrá transformado en un déficit del 1,5% del PIB.

El problema es que, debido a la caída del PIB que cabe prever para el año próximo (las previsiones del Gobierno de crecimiento del 1% son muy poco o nada probables), dichos estabilizadores podrían deteriorar el saldo de las AAPP en unos 2,5 puntos porcentuales del PIB, con lo que el déficit podría irse al 4% del PIB. Ante esto, el Gobierno del Estado (y es de esperar que los del resto de las AAPP) no ha tenido más remedio que sacar las tijeras y reducir el aumento del gasto a la mitad de lo que venía creciendo otros años, además de no deflactar la tarifa del IRPF con la inflación. Aun así, cabe prever que el déficit se sitúe el próximo año no en el 1,9% previsto por el Gobierno, sino en torno al 3% del PIB, y con una tendencia creciente para los próximos años. El efecto de la política fiscal, incluyendo la acción discrecional de las AAPP y los estabilizadores automáticos, será expansivo, como corresponde a la actual coyuntura, pero no tanto como para poner en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. En definitiva, las previsiones macroeconómicas no hay por dónde cogerlas, pero la orientación de la política fiscal es, a grandes rasgos, la correcta.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).