Once alcaldes de Los Alcornocales también piden menos protección

Primero fue Alcalá de los Gazules. Después se han sumado Medina Sidonia, Benalup, Arcos, Los Barrios, Jimena, Tarifa, San José del Valle, Benaocaz, Prado del Rey, El Bosque y Ubrique. Once consistorios con término municipal en el parque natural de Los Alcornocales coinciden en reclamar a la Junta una flexibilización de la normativa que rige este espacio protegido. Las actuales reglas, según los regidores locales, limitan las posibilidades económicas de los ayuntamientos y las posibilidades de los pequeños propietarios y ganaderos. Ante la avalancha de reclamaciones, la mayoría de alcaldes del PSOE, la Junta no tuvo más remedio ayer que anunciar que estudiará estas peticiones para adaptar el parque a las exigencias de las actividades tradicionales.

"Hay limitaciones restrictivas que afectan al desarrollo"

El alcalde de Alcalá, Arsenio Cordero, lo veía venir tras anunciar la moción en la que instaba a la Junta a reformar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y de Gestión (PRUG) de Los Alcornocales para que estos cambios supongan una mayor integración del territorio y una mejor percepción por parte de los ciudadanos. "Yo he sido el primero pero vendrán más", adelantó. Y así ha sido. Cordero encontró ayer el apoyo de otra decena de ediles.La mayoría de los ayuntamientos afectados por el parque están gobernados por el PSOE y respaldan sin fisuras la petición realizada por Alcalá. El más activo ha sido el de Medina Sidonia. Su alcalde, Francisco Carrera, introducía ayer en comisión de gobierno una iniciativa similar a la realizada en el consistorio alcalaíno. "La excesiva protección que hay en el parque natural ha afectado negativamente a todos los municipios de la Janda y el Campo de Gibraltar que están dentro del espacio protegido", explicó ayer el regidor.

Las razones son las mismas que las aportadas por el responsable municipal de Alcalá. En Medina, donde un tercio del pueblo está dentro del parque, cualquier vecino que quiera rehabilitar su casa necesita tener una propiedad superior a las 50 hectáreas. También hay trabas para construir aperos y naves para ganado y retrasos en la incorporación de empleados a las labores forestales debido a los permisos que exige la normativa del parque. Es lo que también ha denunciado el alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, y el de Jimena, Pascual Collado, ambos del PSOE. "El parque es nuestra identidad pero hay demasiadas cortapisas. Necesitamos más agilidad para que no sea un obstáculo para nuestro desarrollo", mantiene Rojas. "Pedir que se den salidas a los pequeños propietarios no es incompatible con el desarrollo sostenible", añade Collado. La alcaldesa de Arcos, Josefa Caro, también socialista, se mostró a favor del diálogo y de escuchar a los regidores municipales porque son, según dijo, los que experimentan día a día los problemas de estas normas.

Las peticiones de los alcaldes socialistas se vieron respaldadas ayer por Luis Pizarro. El vicesecretario general del PSOE andaluz, natural de Alcalá, se solidarizó con los ayuntamientos afectados. "Se están produciendo en determinados casos unas interpretaciones muy restrictivas que afectan al desarrollo de los municipios", expresó en un comunicado.

También los ayuntamientos gobernados por otros partidos respaldan la iniciativa alcalaína. "Se limitan a unos niveles exacerbados los usos ganaderos y turísticos y se condena a los propietarios con fincas dentro del parque a que tengan una explotación muy baja", se quejó el alcalde de San José del Valle, del PP. Su compañero de partido, el alcalde de Benaocaz, Juan María Mangana, comparte esa visión. "Cualquier persona que esté dentro un parque no tiene las mismas oportunidades", aseguró ayer. El andalucista Javier Cabezas, alcalde de Ubrique, respalda un consenso entre todos para reformar la normativa.

Ante la avalancha de solicitudes, la delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta emitió un comunicado con extraordinaria y extraña rapidez. En él, el Gobierno andaluz anuncia que "ya está trabajando en la adaptación de las normas que rigen el parque natural de Los Alcornocales a su nueva realidad socioeconómica con la idea de garantizar la continuidad de sus actividades tradicionales y seguir siendo motor del desarrollo sostenible". La delegada, Gema Araújo, sostuvo que las modificaciones del PORN y el PRUG se realizarán bajo consenso.

La reforma promovida por los ayuntamientos encontró también un respaldo matizado del portavoz de Ecologistas en acción, Juan Clavero. "No hay un exceso de protección. Ojalá. Lo que hay es un mal criterio en la normativa. Se permiten nuevos hoteles o recalificaciones pero al propietario de una pequeña casa se le ponen limitaciones absurdas para mejorarla".