Ni frenos ni contrapesos

Las Cortes Constituyentes reforzaron en 1978 el sistema de frenos y contrapesos propio de la democracia representativa con dos instituciones de naturaleza contramayoritaria: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la magistratura, y -sobre todo- el Tribunal Constitucional (TC), intérprete supremo de la norma fundamental. La duración de los mandatos (5 años, el CGPJ y 9, el TC) de ambas instituciones, las mayorías cualificadas necesarias para su elección por los 3/5 del Congreso y el Senado, la "reconocida competencia" y los 15 años de ejercicio profesional exigidos a los candidatos a ser sus vocales o magistrados y las funciones de orden constitucional asignadas a los dos órganos aumentan su independencia respecto a un Parlamento condenado a la disolución -como máximo- cada cuatro años.

Socialistas y populares socavan el carácter contramayoritario del CGPJ y el Constitucional

La renovación -completa- del CGPJ y -parcial- del TC fue pactada por Zapatero y por Rajoy el pasado mes de julio como el anverso y el reverso de un mismo trato político. El primer paso ya dado -la designación de los 20 vocales y del presidente del nuevo CGPJ- ha elevado hasta un insolente nivel de cinismo la canibalización de ese órgano constitucional por el partido en el Gobierno y el principal partido de la oposición. La regla según la cual el acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas de ámbito estatal, que se reparten el 90% de los escaños del Congreso, es una condición sine qua non a fin de alcanzar los 3/5 exigidos para la renovación quinquenal de la institución permitió al PP chantajear al PSOE durante los dos años siguientes a la conclusión legal del mandato del CGPJ elegido en 2001. No parece que los socialistas hayan aprendido nada de esa experiencia fuera del deseo de superar en malas artes a sus adversarios: el resultado -en el pecado llevan la penitencia- es que han salido del trance engañados y apaleados.

Los 20 miembros del CGPJ, consensuados primero por la dirección de los partidos y nombrados después por unos grupos parlamentarios sometidos a una estricta disciplina de voto, llevan marcados a hierro el origen de sus candidaturas: 9 del PSOE, 9 del PP, 1 de CiU y 1 del PNV. La sentencia 107/86 del TC debería impedir que las Cámaras asignasen las vocalías del CGPJ "en proporción a la fuerza parlamentaria de cada partido" y que la lucha interpartidista invadiera el ámbito del Poder Judicial. Sin embargo, la doctrina del Constitucional de nuevo ha sido impunemente burlada. De añadidura, los vocales recién electos no han tardado en ser humillados a la vista del público por las direcciones del PSOE y del PP, que los han manoseado al tratarlos como sumisos ejecutores de sus órdenes.

En efecto, Zapatero descubrió finalmente el secreto de Polichinela del CGPJ: el papel de deus ex machina desempeñado por el jefe del Poder Ejecutivo en el teatrito montado para nombrar al presidente del Poder Judicial, designado en teoría por los vocales de la institución. El dedo del presidente del Gobierno señaló para el cargo a un afable juez enmadrado desde hace 28 años en la Audiencia Nacional, que nunca ha dictado una sentencia y que subordina el derecho positivo a la justicia divina. La deferencia hacia el poder -más allá de las ideologías- demostrada en su carrera por Carlos Dívar le convierte en un candidato ideal para los deseos de la presidencia (o la vicepresidencia) de cualquier Gobierno.

El inicial desconcierto ante el nombramiento mostrado por vocales del CGPJ que hubiesen preferido votar a Fernando Ledesma, Juan Antonio Xiol o Javier Moscoso sólo duró hasta que los capataces hicieron restallar el látigo: Dívar fue confirmado presidente del CGPJ por unanimidad. Anteayer, el rebaño y su pastor pudieron asistir en la Basílica de Santa Bárbara a la Misa de Apertura de los tribunales oficiada por el cardenal Rouco.

Según el pacto de julio, ahora le toca el turno a la renovación de cinco (cuatro por el Senado y uno por el Congreso) de los 12 magistrados que forman la instancia contramayoritaria por excelencia: el TC puede expulsar del ordenamiento las leyes contrarias a la Constitución. El cinismo de ambos partidos para elegir al CGPJ se ve acompañado ahora por el cachondeo del PP a costa del PSOE. Nueve Parlamentos autonómicos han enviado de forma sincronizada al Senado -por iniciativa de los populares pero con el acuerdo socialista- los nombres del presidente y del portavoz salientes del CGPJ como candidatos alternativos al TC.

Francisco Hernando y Enrique López realizaron en los últimos siete años todo el trabajo sucio que les encargaba el PP. Ninguno de los dos es el "jurista de reconocida competencia" que la Constitución exige y el Constitucional merece. Y el procedimiento puesto en marcha por el PP en las nueve asambleas autonómicas donde se le ha permitido o facilitado la trampa para pitorrearse del PSOE -asfixiado por su torpe compromiso de no vetar ninguna propuesta de los populares- no es sino una sangrienta tomadura de pelo a las instituciones del Estado de derecho.