La renovación del Constitucional por el Senado, condenada al bloqueo

El nombramiento de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional arrancó ayer en el Senado lleno de incertidumbres, a pesar de que, en principio, formaba parte de un pacto entre los dos grandes partidos para renovar la Justicia. Aunque formalmente se ha iniciado el proceso de nombramiento, la situación real es de bloqueo. Sobre la mesa hay 23 candidatos propuestos por los parlamentos autónomos para los cuatro puestos, y ninguno de ellos tiene posibilidad de obtener los tres quintos de la Cámara alta para salir elegido.

Dos de ellos, Francisco Hernando y Enrique López, son inasumibles para socialistas y nacionalistas por su significación contra el Gobierno y el Estatuto de Cataluña utilizando sus puestos en el Consejo del Poder Judicial. Los otros 21 no los votará el PP, si no entran en la terna López y Hernando, los dos únicos candidatos que ha propuesto en los parlamentos autónomos. Además, ha dejado claro públicamente que son sus dos únicos candidatos y que son innegociables.

Por parte del PSOE y del Gobierno se habla abiertamente de "traición" y de quebrantamiento del "espíritu de la ley", que permitió a las comunidades participar en el proceso para ofrecer distintos candidatos, con vinculación a los territorios y sensibilidad autonómica. López y Hernando no cumplen esas condiciones, opinan. No hay más salida que frenar todo el proceso o forzarlo hasta el final, para que el PP defienda públicamente a sus candidatos.

Esta segunda opción es la que manejan el PSOE y el Gobierno. José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría no prevén hablar para negociar los nombres. El primero, porque considera que ya expresó su rechazo, y la segunda, porque quiere llegar hasta el final y pide que se cumpla el pacto sin vetos. Los dos coinciden sólo en que es inevitable que los candidatos pasen por la Comisión de Nombramientos del Senado para ser examinados por los portavoces, tengan posibilidades o no.

"El día de San Martín"

Ambos aseguran que Hernando y López deberán acudir físicamente a la Cámara alta y el PSOE pretende que sirva para que todos los portavoces expliquen públicamente, con ellos delante, por qué no les consideran aptos para el Constitucional. Algún senador ya se refiere jocosamente a esa sesión como "el día de San Martín". En esa comisión, el PP no puede bloquear las votaciones sobre su idoneidad, pero en el pleno sus votos son imprescindibles.

La voluntad es forzar la situación hasta el final. Incluso elegir en la comisión a cuatro candidatos que el PP no quiera votar después en pleno. La dirección del PP da por hecho que no los votaría porque sería el incumplimiento de un pacto. La posibilidad de una votación en la que el Senado rechace a sus propios candidatos está sobre la mesa. Un factor que puede desatascar la situación, según ambos partidos, es que antes se reúnan Zapatero y Rajoy e incluyan el asunto en su conversación sobre economía.

Al Senado le corresponde, cada nueve años, elegir a cuatro de los 12 magistrados del Constitucional. Esta renovación está pendiente desde diciembre. Por primera vez, los nombres han sido propuestos por las comunidades. Mientras el PSOE ha apoyado a 16 candidatos distintos y los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y canarios a otros cinco, el PP sólo ha apoyado a López y Hernando, en nueve comunidades distintas.

Durante la reunión del grupo socialista en el Senado el tema se trató brevemente. Algún senador expresó públicamente su rechazo absoluto a estos dos candidatos. La dirección del grupo pidió prudencia y aseguró que sólo se pronunciarían políticamente de acuerdo a cada momento del proceso, sin adelantarse a nada. El momento actual es que la Cámara alta ha recibido ya todas las candidaturas. Los grupos acordaron ayer solicitar a los servicios jurídicos un informe para ver si todos cumplen las condiciones requeridas por la Constitución. De esta forma, se dan una semana más para ponerse de acuerdo en los pasos a seguir. A pesar de contar con los currículos de todos los candidatos, hasta el martes que viene los portavoces no se darán por oficialmente informados de que, en efecto, son juristas con más de 15 años de ejercicio. Fuentes de la Mesa del Senado descartan que los servicios jurídicos entren a valorar el "reconocido prestigio" de los candidatos.

Según explicó Jordi Vilajoana, portavoz de CiU, "el criterio principal debe ser que los nombres tengan una vinculación territorial y sensibilidad autonomista, como se esperaba de la ley". La posición del PSOE, en palabras de su portavoz, Carmela Silva, es que "hay que seguir con el procedimiento", haciendo un llamamiento al "respeto" y la "sensatez".

Rajoy no dejó vislumbrar la más mínima posibilidad de retirada: "Yo cumplo mi palabra, si los demás la cumplen, pasará algo parecido a cuando nombramos a los miembros del CGPJ". CiU y ERC se unieron ayer al Gobierno y al PSOE en el Congreso en el rechazo a Hernando y López.