La Xunta regula la 'administración paralela' tras crear 14 nuevas entidades

El Consello de la Xunta aprobó ayer una norma para regular la creación de nuevas entidades en el sector público que afecta por igual a organismos autónomos, fundaciones, empresas mercantiles, consorcios, agencias y entidades de derecho público. El objetivo del decreto, en palabras del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, es poner en marcha el "paraguas normativo" imprescindible "para orientar" el objetivo fijado en el pacto de Gobierno firmado por PSdeG y BNG. Ese acuerdo compromete textualmente a la Xunta a "crear un registro de entes instrumentales como primer paso para su reducción o integración en la estructura general de la Administración".

Desde 2005 el bipartito creó 17 nuevos organismos y suprimió tres

El presidente confirmó que, tres años después de ponerlo en marcha, la Consellería de Economía todavía no ha concluido el trabajo que inició al comienzo de la legislatura para la "revisión y puesta al día" de estas entidades, cuya proliferación fue reiteradamente denunciada por el propio Touriño cuando estaba en la oposición. "Esperamos ir reduciendo lo que sea posible", explicó. "La consellería tiene este trabajo y seguiremos en esa dirección" añadió, aunque no hay fecha para su conclusión.

En vez de reducir la administración paralela, desde que el nuevo Gobierno tomó posesión la Xunta, en agosto de 2005, Galicia ha incrementado un 12% el número de entidades integrantes del sector público autonómico, según un catálogo elaborado por la Consellería de Economía. Durante estos tres años la Xunta ha creado 17 nuevas entidades y ha suprimido sólo tres, lo que ha elevado el cómputo global de 117 a 131.

La mayoría de las entidades creadas por el Gobierno bipartito son consorcios: el de Servicios de Igualdade e Benestar, el Instituto de Estudios Turísticos, el Centro Oncolóxico y los consorcios contra Incendios e de Salvamento de A Limia y de O Carballiño-Ribeiro.

La lista de nuevas entidades incluye además organismos autónomos (los institutos de Estudos do Territorio y Seguridade e Saúde Laboral y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística), entidades de derecho público (el Instituto de Calidade Alimentaria, la Axencia de Emerxencias y el Consello de Relacións Laborais) y sociedades mercantiles (Seaga, el Banco de Terras y la Sociedade de Servicios Sociais).

El Gobierno bipartito también ha creado dos fundaciones (Illa de San Simón y la Fundación da Formación para o Traballo) y un agencia pública (Industrias Culturais).

Por el contrario, los organismos suprimidos son sólo tres: el Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais, la sociedad anónima gestora del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) y la fundación Foro Permanente Galego Iberoamericano.

El incremento de entidades ha sido particularmente importante en el capítulo de consorcios (han pasado de 6 a 11; un incremento del 83%) y entidades derecho público (han pasado de 9 a 12). En la actualidad dependen de la Xunta 69 fundaciones, 25 sociedades mercantiles, 13 organismos autónomos, 12 entidades de derecho público, 11 consorcios y una agencia pública.

Es en este contexto en el que la Xunta ha aprobado el decreto para regular la creación de nuevas entidades. El objetivo es "evitar la creación de entes innecesarios que desarrollen funciones ya atribuidas a otros órganos, por lo que se estipula la obligatoriedad de justificar la necesidad y la oportunidad de la creación de los nuevos organismos, así como sus ventajas de cara a la prestación de un mejor servicio, y de evaluar adecuadamente el coste y la viabilidad económica de su creación".

El Gobierno invoca ahora "el criterio de racionalidad organizativa" para la creación de nuevas entidades, así como su "eficacia y eficiencia" en la gestión pública, y lo sitúa en la "política de racionalización del sector público" impulsada desde 2005. El gasto de la administración paralela en 2008 suma al menos 2.286 millones de euros, un 18,7% más de dinero que en 2007. La Ley de Presupuestos de la Xunta ya incluyó este año una limitación a la creación de nuevas entidades: desde enero las propuestas deben incluir el régimen aplicable en materia de personal, patrimonio y contratación, la naturaleza de los recursos económicos con los que desarrollará su actividad y una memoria justificativa de su creación.