La Generalitat recauda 1.200 millones menos por la crisis inmobiliaria

El derrumbe del ladrillo, en plena recesión, está agrietando las cuentas públicas catalanas. Entre enero y agosto, el Gobierno catalán ha ingresado el 20% menos vía impuestos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa casi 1.400 millones de euros, según los últimos datos de la Generalitat sobre ejecución presupuestaria.

Un mal acuerdo de financiación apenas aligerará las cuentas públicas

La sangría tiene un culpable claro: la actividad inmobiliaria residencial. La recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (que grava las transacciones de viviendas usadas) y el de actos jurídicos documentados (que básicamente tiene en cuenta la constitución de hipotecas) ha caído más del 50% con relación a hace un año, lo que supone una merma de más de 1.200 millones de euros.

La caída está motivada por el parón en la compraventa de pisos y la bajada de los precios. Según datos del Ministerio de Vivienda, el número de transacciones de pisos ha caído en el primer semestre el 46%, y el valor de éstas, el 49%, lo que confirma el descenso del precio de las viviendas.

Los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados son la tercera mayor fuente de financiación de la Generalitat (detrás del IRPF y el IVA), y representan aproximadamente el 20% de todos los recursos que aporta el sistema de financiación autonómica. Es uno de los argumentos que esgrime el Departamento de Economía para reclamar un cambio de modelo. Las autonomías, dice, dependen de forma excesiva de un impuesto vinculado a una actividad que tiene un comportamiento muy cíclico.

Pero la situación es más grave, si cabe, porque la "importante" caída de ingresos, según reconoció el consejero de Economía, Antoni Castells, el pasado lunes, no sólo afecta a los tributos relacionados con el sector inmobiliario, sino "también a los impuestos participados", los tributos estatales cedidos parcialmente a las comunidades autónomas. Concretamente, a los impuestos sobre consumos específicos (alcochol, tabaco, hidrocarburos), señal de que la crisis se está trasladando al consumo. Por este concepto, la Generalitat ha recaudado el 15% menos hasta agosto, lo que representa casi 225 millones de euros, según el estado de la ejecución correspondiente a los ocho primeros meses del año.

Por el momento, la recaudación por IVA está ligeramente por encima del ejercicio anterior, igual que los impuestos indirectos: IRPF, sucesiones y donaciones, y sobre el patrimonio (véase el cuadro adjunto).

Con los números en la mano y teniendo en cuenta el notable incremento de la población -en torno a un millón de personas en el último lustro-, parece más necesario que nunca disponer de un sistema de financiación que permita a las comunidades autónomas satisfacer las necesidades sociales de sus ciudadanos (sanidad, educación y otros servicios).

Y si esta situación ya venía siendo un problema en los últimos años, en pleno boom económico, con el pinchazo, es más acuciante. La propuesta de esta semana de la Cámara de Comercio de Barcelona para que, dada la actual coyuntura económica, en el primer año de aplicación del nuevo modelo de financiación Cataluña reciba, como mínimo, 1.800 millones de euros, no sería ningún bálsamo para las arcas de la Generalitat. Como mucho, serviría para mitigar el descalabaro recaudatorio originado por la crisis inmobiliaria: a falta aún de concluir un trimestre, el Gobierno catalán ya ha perdido nada menos que 1.400 millones de euros. Lo comido por lo servido.