Sanidad pública y provisión privada
Existe preocupación en la población por la cesión de la atención sanitaria pública a empresas privadas, por entender que pone en riesgo la sostenibilidad del modelo sanitario público en su configuración actual. Preocupa la creciente mercantilización de la sanidad; que gobiernos autónomos pongan en manos privadas los desarrollos de la sanidad pública supone una pérdida de control sobre el proceso sanitario y sobre la cohesión de los servicios en favor de dichas empresas y con el riesgo de convertirse en rehén de los intereses de las mismas; y la ausencia de un debate público y riguroso que justifique las nuevas maneras de gestionar la sanidad pública desde criterios de calidad, eficiencia, comparabilidad y sostenibilidad del sistema. Preocupa, por último, la debilidad del Estado como garante de la protección de la salud de los ciudadanos, de la sostenibilidad del servicio sanitario y de la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en su conjunto.
Es urgente clarificar qué medidas privatizadoras de la sanidad pública ponen en riesgo su sostenibilidad
Hay personas, sin embargo, que no perciben estos riesgos ni se sienten directamente afectadas ante una situación que, sin ser simple, ni fácilmente visible, ni vinculable sin más al color ideológico de los gobiernos, está debilitando en el ámbito de los servicios públicos las tesis favorables a un Estado de bienestar fuerte y favorece las posiciones neoliberales. Por tanto, es urgente clarificar qué medidas privatizadoras de la sanidad pública ponen en riesgo sus fundamentos estratégicos y su sostenibilidad en el medio plazo.
No se trata de implantar un modelo de financiación privada a la americana; ni de concertar con el sector privado aspectos complementarios de la atención sanitaria. Tampoco de las experiencias de gestión implantadas en algunos centros hospitalarios en los años noventa, sobre cuyas consecuencias para la sanidad pública sigue sin haber acuerdo. ¿Han mejorado la gestión hospitalaria, reducido sus ineficiencias y agilizado la gestión del personal? ¿O han servido para externalizar la atención sanitaria en favor de grupos y sectores económicos afines? Diez años después siguen faltando datos y voluntad para comparar de forma rigurosa cómo las distintas formas de gestionar las instituciones sanitarias influyen sobre la salud de la población.
El proceso de reconversión del modelo de sanidad pública establecido por la Ley General de Sanidad responde a una estrategia compleja y bien elaborada, a una acción concertada en el tiempo entre sectores políticos y económicos al margen de la opinión pública y centrada en "recuperar para el mercado" una parte creciente de la asistencia sanitaria pública ajena al juego de la libre competencia.
El punto de partida puede rastrearse en la concesión administrativa al sector privado de la asistencia sanitaria pública puesta en marcha por el Gobierno valenciano del PP en Alzira, capital de la comarca de La Ribera, a partir de 1999. Se optó, entonces, por vincular la amortización de la inversión sanitaria con la posterior explotación de los servicios, siguiendo el modelo de las autopistas de peaje del Mediterráneo pero haciéndose cargo el Gobierno autónomo del pago del servicio prestado por las empresas concesionarias. De esta forma se le daba a la iniciativa privada, sanitaria y no sanitaria, un papel protagonista dentro del sector: encargándose de las infraestructuras e instalaciones sanitarias, de la gestión de ciertos dispositivos asistenciales, de la atención sanitaria, etcétera, hasta recrear, a partir de las competencias autonómicas en materia de gestión sanitaria, una nueva organización de la sanidad pública desde supuestos neoliberales ajenos a la filosofía de la Ley General de Sanidad.
En este punto quedan algunas preguntas en el aire: ¿A qué se debe este avance de un modelo de sanidad pública -que privilegia la provisión privada financiada con el dinero de todos- liderado desde comunidades autónomas tan significativas como la valenciana o la de Madrid? ¿Es el resultado final de los cambios legales y organizativos de los años noventa o responde a procesos de carácter político y cultural difícilmente subsanables sólo con modificaciones de la legislación (sanitaria) vigente? ¿Debería intervenir el Gobierno español, garante de los derechos constitucionales a la protección sanitaria y de la cohesión y sostenibilidad futura del SNS, para reconducir esta tendencia mediante un nuevo pacto, con compromisos parlamentarios, que dé la espalda a la mercantilización de nuestra sanidad pública?
Si nuestro sistema sanitario se encuentra en una encrucijada, sus responsables habrán de afrontarla sin demora con la voluntad de volver a actualizar los elementos estratégicos del sistema sanitario público que estableció la Ley General de Sanidad hace más de 20 años y que tanto han ayudado a mejorar la sanidad pública.
Antonio Espino ejerce de psiquiatra en Madrid.
