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La privatización del agua reabre la guerra entre Gallardón y Aguirre

El alcalde boicotea la medida estrella de la presidenta

Parecía que las guerras entre ellos dos eran ya cosa del pasado. Que tras jurarle amor y apoyo para el congreso regional del PP que comienza hoy, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, iba a renunciar a la batalla con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Daba la impresión de que tras haber salido vencedor del congreso nacional, en el que ella quedó fuera de la cúpula del partido, ya estaba satisfecho.

"Si rompe el convenio, que devuelva el dinero", reta al regidor el vicepresidente

Pero ayer, un día antes de la puesta de largo del segundo mandato de Aguirre como presidenta del PP, Gallardón le reventó el anuncio estrella del debate del estado de la región: que el 49% de la empresa pública de aguas, el Canal de Isabel II, saldrá a Bolsa. Vuelven los líos.

El alcalde de Madrid anunció que cuando Aguirre privatice la empresa rescindirá el convenio que suscribió con el Ayuntamiento. Y no porque él quiera. "Cuando el Canal deje de ser ente público, da igual el porcentaje, no podremos mantener el convenio, sería ilegal", justificó.

Muy cerca, en la sede del Gobierno regional, el vicepresidente Ignacio González, que también preside el Canal de Isabel II, negaba en esos momentos que se pudieran rescindir los convenios por los que los municipios madrileños ceden sus competencias de distribución y gestión del agua a la empresa pública. Ya se había desayunado con el anuncio del secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, de que los 34 municipios que gobiernan romperían sus convenios con el Canal para boicotear la privatización.

El argumento jurídico que manejan tanto los socialistas como el alcalde de Madrid es que si el Canal cambia su naturaleza jurídica está justificada, según la Ley de Contratación del Sector Público (artículos 1 a 3), la ruptura del convenio. Eso ocurrirá si entra capital privado en la empresa pública. Además, las Administraciones están obligadas a convocar un concurso público para contratar a una empresa privada.

"Esa circunstancia [la ruptura de los contratos] no se va a producir, porque los ayuntamientos saben que el servicio está garantizado", repetía una y otra vez González. Hasta que llegó la noticia del anuncio de Gallardón. En un principio, el vicepresidente no se lo creía. "Me extraña que el alcalde lo haya dicho en esos términos", afirmó. "Está en su derecho de defender lo que considere que es bueno para la gestión de su ayuntamiento, y nosotros, de la Comunidad. No pasa nada".

Pero se fue calentando. Y recordó que Gallardón ya ha recibido 920 millones de euros por el convenio. "Si lo ha planteado, irá por delante con el dinero para devolverlo", zanjó. En el consistorio sugerían que pagará el nuevo licitador.

Mientras, en los pasillos de un congreso que se preveía tranquilo, ya hay de qué hablar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de septiembre de 2008