El Consell elude cualquier decisión sobre Ford

El Consell obvió en su reunión de ayer el anuncio de la factoría Ford de Almussafes de que despedirá a 1.300 trabajadores durante un periodo de tres meses. (La Ford se resistió ayer en una reunión con los sindicatos a completar el subsidio que el Estado pagará a los despedidos). Los despidos y la reducción de la producción tendrán, además, una repercusión mayor en el empleo del sector auxiliar que suministra componentes y servicios a la planta automovilística de Almussafes.

El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, interpelado por los despidos en Ford, aseguró ayer que la crisis económica está presente en todas las reuniones del Gobierno valenciano. Y explicó que, por esa razón, el próximo lunes el Consell y los agentes sociales (UGT, CC OO y la patronal autonómica Cierval) firmarán un nuevo Programa Valenciano de Crecimiento y Empleo (Pavace II) para los próximos cinco años. Luego añadió: "Trabajamos de manera discreta y responsable, pero no veo esa responsabilidad en el Gobierno central". "No hay mayor problema que la incerteza y la desconfianza y el Gobierno de España la traslada", dijo Rambla.

Sin embargo, la cantidad y el contenido de los asuntos tratados en la reunión pusieron ayer en evidencia que el Consell está en situación de interinidad, tras confirmarse a principios de esta semana que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tiene previsto remodelar en profundidad su Gabinete.

De hecho, en materia de Economía, Hacienda y Empleo ayer sólo se aprobó una subvención de 15 millones de euros para rehabilitar la plaza de toros de Villena. Industria y Turismo no aprobaron nada. Agricultura se limitó a pedir el visto bueno para firmar los convenios para financiar con 1,2 millones de euros las seis denominaciones de origen. Y Presidencia se limitó a aprobar un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y el Institut Valencià de la Joventut para simplificar los trámites a quienes buscan ayudas para su primera vivienda.

La situación de interinidad del Consell se dejó traslucir en la reunión de ayer en la mayoría de carteras. Justicia, cuyo titular Fernando de Rosa abandonará el cargo en unos días para irse al Consejo General del Poder Judicial, sólo aprobó poner en marcha un punto de encuentro familiar en Manises.La sombra de interinidad proyectada por la inminente remodelación del Consell alcanzó a todos los departamentos. Educación sólo aprobó una subvención para mantener la actividad en un colegio de educación especial. Cultura se limitó a presentar tres convenios para mejorar las bibliotecas de Llíria, Alcoi y Paiporta. Inmigración acudió con un paquete de convenios firmados con 14 entidades para subvencionar la acogida de inmigrantes. Gobernación se presentó con un convenio con Gas Natural para coordinarse en la gestión de emergencias.

Sanidad dio luz verde a dos convenios con el Ministerio de Sanidad y Medio Ambiente, además de una subvención por la construcción de vivienda protegida, sacó adelante dos convenios y el acuerdo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para crear una red de municipios ante el cambio climático. Una cuestión que resaltó Rambla en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Pero donde quiso poner el acento el portavoz del Consell fue en la prioridad que da el Ejecutivo valenciano a las políticas sociales. "Ha sido un Consell de contenido marcadamente social", manifestó Rambla, que destacó la decisión de aumentar las ayudas de la Consejería de Bienestar Social a 47 centros que atienden a personas con discapacidad. Estas ayudas adicionales, por importe de 3,8 millones de euros, se sumarán a otros 17 millones ya otorgados a estos centros para dependientes.

En una semana en la que han arreciado las críticas por la aplicación que hace el Consell de la ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, la Generalitat explicó ayer que en lo que va de año ha destinado casi 58 millones de euros a "eliminar los obstáculos que frenan la integración social de personas con discapacidad y enfermedad mental, así como la de sus familias".

El vicepresidente y portavoz, Vicente Rambla, manifestó que, frente a las críticas de que hay personas dependientes a las que se les deniega la ayuda, la ley fija unos baremos que son los que se utilizan como criterio. Rambla indicó que esas personas tendrán otras ayudas, pero no las de la ley de Dependencia. "Son los baremos fijados por el Gobierno central en la ley de Dependencia", insistió Rambla, que sólo asumió que se puedan producir algunos errores administrativos como en toda actividad humana, pero no una mala aplicación de la ley de Dependencia.