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Es difícil ver en la comparecencia conjunta de los ministros del Interior y Justicia, Pérez Rubalcaba y Fernández Bermejo, anunciando una importante reforma del Código Penal sobre agravamiento y cumplimiento de penas para delincuentes sexuales, especialmente pederastas, y terroristas, otra cosa que un intencionado gesto político. Su motivación parece clara: la conmoción social que sigue causando el asesinato de la pequeña Mari Luz por un pederasta en libertad, agravada por la impunidad con que se han saldado los errores judiciales cometidos en el caso. Lo único nuevo que aporta esa comparecencia es sumar a los terroristas a la lista de los delincuentes afectados.

Las medidas relativas a los violadores y pederastas ya fueron anunciadas en junio pasado, con parecido tono de inconcreción y generalidad que ahora, por el ministro de Justicia, tras el aval unánime dado por el Congreso a la reforma del Código Penal en esa materia. ¿Qué sentido tiene, entonces, volver a anunciarlas sin que el Gobierno disponga de un anteproyecto de reforma elaborado que las concrete? Los gobiernos tienden a utilizar el Código Penal tanto o más que para erradicar el delito para aplacar la alarma social que crea. Pero es mala táctica legislar (o decir que se va a hacer) a golpe de telediario.

A la espera de ver cómo se concreta, el endurecimiento de penas anunciado para violadores y pederastas encaja en los parámetros de un derecho penal moderno, aparte de que sea una demanda social, siempre que se haga de acuerdo con la gravedad del delito y dejando abierta la puerta a la posible rehabilitación. Como también encaja la existencia de un registro específico de pederastas, anexo al actual Registro Central de Penados y Rebeldes que gestiona el Ministerio de Justicia, y que se abra al acceso, además de los propios afectados, de los jueces, el ministerio fiscal y la policía judicial. Lo que hace falta es crearlo cuanto antes y no sólo anunciarlo, si existe la convicción de que será un instrumento eficaz para la protección de las potenciales víctimas.

Más cuestionable es la pena accesoria de 20 años de libertad vigilada que se pretende establecer para delincuentes sexuales y terroristas reincidentes y que no han obtenido un pronóstico favorable de reinserción tras cumplir su condena de cárcel. De entrada, para juzgar esa iniciativa tendría que conocerse a qué situaciones en concreto se aplicaría y con que medios contaría la justicia para garantizar esa vigilancia: a falta de esas precisiones, es un brindis al sol. Una reforma penal que luego se deja de aplicar por inviabilidad práctica es el peor remedio para la inquietud ciudadana. En el caso de los delitos graves de terrorismo, impedir que prescriban subraya aún más su carácter criminal, pero apenas tendría incidencia en su esclarecimiento, ya razonablemente garantizado por los 20 años de plazo durante los que ya pueden ser perseguidos. Da la impresión de que se trata de una reforma que no se ha pensado lo suficiente.