Gravedad con retraso

Cuando la economía europea va bien, la española va mejor; y cuando va mal, la española va peor, al menos en su efecto más visible: el rapidísimo hundimiento del empleo. Ocurrió en 1993 y está ocurriendo ahora. Zapatero se defendió ayer de las acusaciones de haber ignorado por motivos electoralistas la gravedad de la crisis diciendo que todos los Gobiernos se habían equivocado en sus previsiones; y de la acusación de haber subestimado las causas específicas de la crisis en España, argumentando que afecta en mayor medida a países sin esas singularidades y con modelos muy diferentes de crecimiento.

Así es. Bruselas anunció ayer su previsión de inminente recesión también en España; y la prueba de que Zapatero reconoce que había motivos para temer un estancamiento aunque no hubiera existido el desencadenante exterior es que la terapia que propone se refiere a las causas específicas: la burbuja inmobiliaria, la baja productividad y un diferencial de inflación no achacable al petróleo.

Su discurso de ayer, repetitivo y que sonó vacío en ocasiones, ofreció un marco de prioridades más que un nuevo catálogo de medidas, lo que significa que el Gobierno se aviene al principio de realidad, sin ceder a la tentación de la dispersión. Ese planteamiento permitió abrir un debate algo más centrado, aunque reveló que ni Gobierno ni oposición tienen ideas claras sobre cómo hacer compatibles las medidas defensivas (contra los despidos y de protección de los desempleados) y las iniciativas destinadas a propiciar un cambio de modelo de crecimiento.

Frente a la idea presidencial de que España está mejor preparada que nunca para afrontar la crisis, Rajoy sostuvo lo contrario, citando el fuerte déficit exterior y la pérdida de competitividad para repetir el discurso de la legislatura anterior sobre la buena herencia del PP malbaratada por Zapatero; y éste volvió a esquivar los datos actuales (2,5 millones de parados) recordando los de la España de Aznar. En lo que acertó Rajoy fue en su denuncia de las discrepancias dentro del Gobierno sobre el tratamiento de la específica crisis del sector inmobiliario.

Las únicas dos nuevas medidas dadas a conocer en el debate entraron de lleno en esa divergencia. Frente al planteamiento de Solbes, partidario de dejar que se produzca el necesario ajuste del sector, Zapatero anunció ayudas por 3.000 millones (ampliables) a inmobiliarias que destinen viviendas al alquiler, y la creación de sociedades cotizadas de inversión en el sector inmobiliario. Para los equilibrios dentro del Gobierno son diferencias significativas; está por ver si lo serán para el sector.

Sobre el debate planearon las dificultades para llegar a un acuerdo en materia de financiación autonómica, sobre todo en las intervenciones de los grupos nacionalistas. También sobrevoló la cuestión de la financiación municipal, puesto que, como en el caso de las comunidades autónomas, corren con buena parte de las prestaciones sociales y de los servicios que la crisis podría poner en riesgo. El debate sirvió para deshacer el equívoco de que la crisis sea un asunto exclusivo del Estado central; pero reveló también la dificultad para satisfacer a la vez las demandas de comunidades que, con el argumento de la crisis, exigen ampliar la solidaridad y las que, con el mismo argumento, piden limitarla. Quedó claro que éste será un punto inexcusable de la agenda política de la legislatura.

El Parlamento cumplió ayer su papel, pero afuera aguarda la crisis. La realidad irá demostrando si el Gobierno ha acertado en su terapia, pero el margen para la demagogia se ha acabado. Tanto para las medidas pirotécnicas desde el Ejecutivo, como para las descalificaciones sin argumentos desde la oposición.