Rumania 'ayuda' a Ford con 143 millones

Rumania otorgará una ayuda estatal de 143 millones de euros a Ford entre 2008 y 2012 a condición de que el fabricante automovilístico invierta 675 millones de euros en la factoría de Craiova que adquirió el año pasado. Cuando Ford Europa compró el 72,4% de Automobile Craiova hace un año se dispararon todas las alarmas entre los trabajadores de la factoría de Almussafes, en Valencia.

Ahora, cuando Ford ha anunciado un expediente de regulación de empleo que afecta a 1.300 operarios de Almussafes, el Gobierno rumano se apresura a contribuir en la apuesta del fabricante estadounidense en su país.

El Ministerio de Economía rumano informó en su página de Internet sobre los detalles de esta ayuda aprobada ya en abril por la Comisión Europea (CE) y concretada en un "decreto de urgencia".

Un total de 94,45 millones de euros se destinarán al apoyo de la producción de automóviles y 48,55 millones de euros a la producción de motores. Ford, por su parte, tiene previsto invertir 494 millones de euros en la producción de automóviles y otros 181 millones en la producción de motores. El objetivo es alcanzar una producción de 300.000 vehículos y 300.000 motores en Craiova.

Cuando Rumania privatizó Automobile Craiova, la Comisión Europea detectó una ayuda estatal de 27 millones de euros a Ford que consideró ilegal y exigió al Gobierno rumano que la recuperara. Y no es un caso aislado.

La comisaria para la Competencia, la holandesa Neelie Kroes, anunció ayer que la Comisión Europea investigará con detenimiento otra ayuda de 57 millones de euros concedida por Rumania a Ford, porque considera que podría distorsionar la competencia en la Unión Europea.

La comisión, a través de un comunicado, explicó que las ayudas en cuestión, destinadas a un programa de formación en la planta ubicada en Craiova, podría conferir a la compañía estadounidense "una ventaja desleal" sobre sus competidores por cubrir el coste de actividades necesarias para la producción.

Kroes declaró al respecto que las ayudas "deben destinarse a acciones de formación suplementarias para la mano de obra, y no para sufragar los gastos de explotación normales de las grandes empresas". La comisión solo considera legales las ayudas que "inciten" alguna innovación, no la mera formación para desarrollar la actividad normal.