Un juzgado bloquea las obras de San Francisco
El futuro del más ambicioso proyecto cultural orensano es un legajo en el despacho del juzgado central de lo contencioso administrativo número 4. Ocho años después de que el regidor del PP Manuel Cabezas decidiera ceder al Estado el patrimonio orensano de San Francisco para que ejecutara en él un proyecto de ínfulas faraónicas, no sólo no hay asomo del mismo, sino que el claustro envejece mal entre humedades y abandonos y amenaza con venirse abajo.
Un tira y afloja entre el Gobierno y la UTE Hispánica S.A y Castilla de Construcciones, la adjudicataria inicial de las obras ("vinculada al PP", según nacionalistas y socialistas) dio al traste con el ambicioso proyecto de Cabezas y, ahora, estancado en una vía muerta judicial, con el intento del gobierno local por desbloquear la espera y continuar las obras buscándoles contenido.
En noviembre de 2003 Cabezas, en sintonía con el entonces ministro de Cultura, Mariano Rajoy, sentó las bases del macro-recinto cultural. El regidor popular le entregó al Estado el patrimonio municipal y éste adjudicó a la UTE por más de 15 millones de euros las obras que convertirían, en 36 meses, el complejo monumental en el megaespacio cultural. Pero la empresa incumplió los plazos y el Gobierno socialista le rescindió el contrato que la UTE denunció.
Juez inmutable
El nuevo regidor socialista, Francisco Rodríguez, intentó desbloquear el expediente. Consiguió todos los apoyos posibles del Gobierno. El expediente fue sometido a consulta del Consejo de Estado, en busca de la liberación del bloqueo judicial, y el Consejo de Ministros instó al juzgado para que modificara su providencia y autorizara a la gerencia de infraestructuras y equipamientos de Cultura "la ejecución inmediata de las obras" con el fin de "evitar daños irreparables en los edificios" históricos. Pero el juez no se inmutó.
El 28 de julio la subdirectora general de Contratación y gestión patrimonial dictó una declaración de emergencia ordenando "la inmediata ejecución" de las obras a la empresa Copasa, que había quedado segunda en la lista de adjudicatarios. Pero el juez mantuvo firme el bloqueo. Nadie puede acceder al recinto de San Francisco. Ni siquiera los técnicos de la Xunta para evaluar los daños que las sucesivas humedades y botellones van labrando.
