Gobernar la inmigración

Crear un ministerio específico para la inmigración, como hizo Zapatero al comenzar esta legislatura, siempre me pareció una política muy de derechas; supone dar carta de naturaleza a la segregación de una parte de la población española, identificada previamente y de forma ineludible por su origen nacional, cultural o étnico; propone a posteriori su integración social no como un proceso normalizado y con garantías legales suficientes, sino como una actividad administrativa discrecional y sometida a las condiciones y circunstancias de cada momento.

Estamos dispuestos a soportar al extranjero sólo cuando acude a nosotros como inversor, consumidor de lujo o mano de obra necesaria y barata. Pero, cuando el trabajo (o la falta de trabajo) se convierte en un problema social central, cuando se está empezando a admitir que ya no es posible una sociedad de pleno empleo, cuando estamos pensando en fórmulas de distribución del trabajo, nos sobran precisamente los trabajadores inmigrantes. Esto resulta de un cinismo absoluto, lo diga Berlusconi, o Sarkozy, o Corbacho.

La inmigración como hecho social complejo requiere una actuación política integral, asignación suficiente de recursos e intervenciones complementarias en cada nivel administrativo, mucha prudencia y el mayor consenso posible (un pacto de Estado). Nunca debería ser un argumento para exhibir políticas partidarias ni segregadoras ni asistencialistas, que, por ser diferenciadas, rayan con la xenofobia y el racismo más rancios.