El PP quiere privatizar Telemadrid aunque Aznar evitó cambiar la ley

El tema colea desde hace más de una década. La privatización de Telemadrid fue una de las propuestas del programa electoral de los populares madrileños de 1995. Volvió a incluirse entre las iniciativas en los comicios de 1999. Cuando era presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón anunció que subastaría Telemadrid en el debate sobre el estado de la región.

Entonces, como ahora, había un escollo en la normativa: la llamada Ley del Tercer Canal no permite la entrada de capital privado en las televisiones autonómicas. Y entonces, como ahora, los populares reclamaba un cambio en esa normativa que ellos mismos dejaron pasar cuando ocupaban La Moncloa.

El PP madrileño proclamó ayer de nuevo que está "en contra de los medios de comunicación de titularidad pública". La senadora por Madrid Beatriz Elorriaga anunció que quieren privatizar el canal autonómico en la presentación de la ponencia Sociedad y libertad, que realizarán en el XIV Congreso Regional, previsto del 19 al 20 de septiembre.

Elorriaga es una de los artífices de la ponencia con la consejera de Educación, Lucía Figar, y el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. "Estamos a favor de que se privatice el ente público y en cuanto la ley lo permita, el objetivo político del partido y del Gobierno privatizarla", dijo Figar. Sin embargo, es algo expresamente vetado por el artículo 6 de la Ley, que señala que "la gestión que se concede no podrá ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros". Esa modificación no está entre las prioridades del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que "no se ha planteado" privatizar ningún canal autonómico, según dijo un portavoz de esa a Europa Press.

Es un cambio que podía estar listo hace tiempo. Los populares lo anunciaron y lo abandonaron como propuesta durante sus dos legislaturas en La Moncloa. La reforma de la Ley del Tercer Canal estaba incluida en el programa del PP en las elecciones de 2000, cuando obtuvieron mayoría absoluta. El entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, intentó abordar un proyecto de ley para abrir la puerta a la iniciativa privada en 2003. La propuesta tan anunciada no cuajó.El anuncio del PP no pasó inadvertido ayer durante la inauguración del congreso regional de los socialistas madrileños. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, lanzó una frase en la apertura del cónclave dirigida a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. "Primero se apropió de la televisión y la manipuló y ahora la quiere vender para que los ciudadanos no estén informados", sentenció Pajín, informa Soledad Alcaide.

En el mismo foro, el secretario de UGT, José Ricardo Martínez, criticó que la privatización del ente público madrileño implicaría "quitar toda la libertad a los trabajadores".

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) rechaza también la propuesta y defiende la televisión pública como "garantía de imparcialidad, calidad en los contenidos, innovación y cohesión social", según un comunicado de la organización.

Otra de las propuestas que incluyen los populares madrileños en la ponencia de su próximo congreso es la apertura "a lo largo de todo el día y con mayor disponibilidad de información y atención" de los juzgados y tribunales, que ahora funcionan de 8.00 a 15.00. Figar no aclaró con qué medios abordarán esa reforma ni el coste que puede tener, porque una ponencia política es sólo "una declaración de intenciones".

La Comunidad es competente para modificar el horario con la autorización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le correspondería pagar los costes de la ampliación de jornada y de plantilla. "Es una buena medida contra el atasco judicial, pero requiere coordinación con el ministerio y con el Poder Judicial", señala Enrique López, portavoz del CGPJ, que se muestra partidario de que los juzgados abran por las tardes sólo para tareas burocráticas.

También se incluye en la ponencia el impulso al voto de los inmigrantes mediante acuerdos de reciprocidad con los países de origen. La propuesta está ya en marcha. A mediados de agosto, el Consejo de Ministros nombró a un embajador para que negocie estos acuerdos con otros países.

Los populares proponen además desgravaciones fiscales para los gastos educativos de las familias en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta. En materia cultural, incluyen una "rotunda oposición" al canon digital, "una sanción previa que considera a los consumidores culpables potenciales y por esa razón les multa".