Ajuste en el empleo

La manifestación más inquietante del deterioro de la economía española es que en pocos meses hemos pasado de una tasa de paro similar a la media europea (en torno al 8%) a volver a singularizarnos como el país con más paro de la eurozona. Los más de 2,5 millones de parados registrados en los servicios públicos de empleo en agosto constituyen la mayor cifra desde febrero de 1998 y representa un incremento de 103.085 personas, el 4,2% sobre el mes anterior.

Como era de esperar, ha sido la construcción el sector que en mayor medida ha contribuido a ese aumento del desempleo: se ha incrementado un 9,9%, sin que de ningún modo pueda darse por concluido el ajuste. Complementaria con ese registro de paro es la adversa evolución de la afiliación a la Seguridad Social. En agosto, la cifra media bajó en 244.000 personas hasta situarse en 19,1 millones de trabajadores inscritos. Es el mayor descenso desde 2001.

Lo peor es que no resulta posible anticipar el final de esa senda destructora de empleo. En primer lugar, porque las razones que amparan la profundización de la crisis económica siguen vigentes. Lo es la crisis crediticia global y su particular impacto en la economía española, pero también la ausencia de sectores con el dinamismo y competitividad suficientes para que, a través de las ventas al exterior, compensen, aunque sea parcialmente, el hundimiento de todos los componentes de la demanda interna.

No son problemas únicos de la economía española, pero es ésta la que hoy tiene unas mayores necesidades de financiación en comparación a otros casos similares, como nos recuerda el abultado déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos. Si no se actúa sobre este estrangulamiento, explícito desde el verano pasado, la economía española, y en concreto su mercado de trabajo, va a sufrir las consecuencias de la crisis global en mucha mayor medida que las demás. Lo veremos en los próximos datos de desempleo, pero también en ese sector exterior cuyo desequilibrio no sólo refleja ya una mayor demanda interna, sino una economía insuficientemente moderna.

La experiencia demuestra que las reformas consensuadas son más eficaces; hoy mismo se reúne el ministro de Trabajo con sindicatos y patronales para establecer un cuadro de prioridades respecto a las reformas más urgentes. La situación es lo suficientemente seria (y enrevesada, con males que requieren terapias en parte contradictorias) como para que, en lugar de enredarse en mil propuestas, los agentes sociales seleccionen unas pocas medidas realistas, tanto en el sector público como en el privado, con el compromiso de aplicarlas hasta el final. Por ejemplo, hacer lo posible por liberar las restricciones de crédito e intensificar la inversión pública, no el gasto corriente, son decisiones más sensatas que unos tardíos cantos genéricos a la austeridad.