Solbes advierte a los partidos catalanes que si no hay acuerdo decide el Estado

"Si no fuera posible el consenso, el Estado puede hacer prevalecer sus criterios", advirtió ayer el vicepresidente económico, Pedro Solbes, citando la jurisprudencia constitucional. Lo hizo de forma genérica, pero sonó a advertencia al Gobierno de Cataluña.

Su posición inflexible chocó con la de todos los partidos, salvo el PSOE. Ni el vicepresidente se movió ayer un milímetro de su propuesta de financiación autonómica del mes de julio, ni los grupos hicieron la más mínima concesión en su rechazo. La comparecencia de Solbes ante la Comisión de Economía del Congreso sirvió para ver lo solo que está él y lo lejos que están todos en el inicio de la negociación. También para comprobar las complicaciones políticas del desacuerdo, porque partidos susceptibles de completar mayorías del Gobierno en el Parlamento, como CiU e ICV, advirtieron expresamente de que la negociación va ligada al trámite de Presupuestos. "Me esforzaré en separar ambos asuntos", dijo Solbes.

"Las autonomías deben asumir responsabilidades y no pedir recursos"

"No es razonable bajar impuestos y luego pedir más fondos al Estado"

El vicepresidente, firme, defendió su modelo y sólo dio margen al pacto en forma de aportaciones adicionales durante la negociación. Hizo dos advertencias a las autonomías: "Deben asumir su responsabilidad y no limitarse a pedir más recursos al Estado" y "no es razonable que bajen los impuestos al tiempo que piden más recursos al Estado".

Solbes tuvo enfrente a los tres partidos catalanes, CiU, ERC e ICV, en los plazos, en los procedimientos y, sobre todo, en el fondo. Los tres se esforzaron en reiterar que forman un frente común y hasta CiU mostró su propósito de "liderar el bloque de acción catalán" frente al Gobierno. El otro partido catalán, el PSC, que aporta más diputados que los otros tres juntos, no tuvo voz ayer, pero es sabido que su posición tampoco coincide con la de Solbes. Varios de sus 25 diputados asistieron mudos y divididos entre el Gobierno que sustentan en Madrid y el que lideran en Cataluña.

Discreparon en los plazos porque todos ellos insisten en el incumplimiento del Estatuto, ya que el acuerdo no llegó antes del pasado 9 de agosto. "Ustedes incumplen la ley y eso no lo podemos tolerar", le dijo el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre. Según Solbes, el Gobierno ha cumplido su obligación, porque presentó su propuesta antes de esa fecha.

La principal discrepancia es la del procedimiento, porque afecta más al sentimiento identitario y la concepción del Estado que al dinero. Los partidos catalanes reivindican la bilateralidad entre el Estado y Cataluña, y Solbes sostiene que debe ser un modelo para todos, completado con una negociación con cada una de las comunidades. Incluso, esgrimiendo jurisprudencia del Constitucional, vino a decir que la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) está por encima de los estatutos: "Debe aplicarse armónicamente con todos los estatutos". Para CiU, el asunto es tan vital como que su portavoz le dijo que sin el reconocimiento de la bilateralidad no hubieran apoyado el Estatuto.

En cuanto al fondo, los partidos catalanes se refirieron a la propuesta de Solbes con frases como "es incompleta e infraestatutaria"; "supone el ahogo económico de Cataluña" y "ustedes están maltratando a Cataluña muy seriamente".

Cristóbal Montoro, portavoz del PP, aprovechó para pasar al cobro facturas pendientes. Es decir, su tesis fue que el Gobierno de Zapatero y Solbes aprobó la pasada legislatura estatutos contradictorios entre sí que ahora se ve imposibilitado a cumplir. "Ahora deben cumplir leyes incompatibles entre sí", dijo.