Cuentas bancarias sin secretos

El presidente de la Federación de Oficinas del Consumidor, Gerd Billen, constató la vulnerabilidad de los sistemas de protección de datos en Alemania con una frase lapidaria: "Nuestros peores temores se han visto confirmados". La sucesión de escándalos en compañías de telemarketing ha puesto en la picota a las agencias de ventas telefónicas. Hasta tal punto, que el Gobierno alemán se plantea prohibir el comercio por teléfono.

Billen convocó la semana pasada una conferencia de prensa para demostrar lo fácil que es hacerse con datos personales. La Federación de Oficinas del Consumidor intentó comprar en el mercado negro información teóricamente protegida. En un par de días, y por sólo 850 euros, tenía dos CD y un DVD con los datos personales de seis millones de alemanes. Además de la dirección, el nombre y el teléfono de la persona, cuatro millones de fichas incluyen sus datos bancarios completos.

Un ex telefonista denunció pequeñas estafas, sobre todo a ancianos

La Oficina de Consumo logró en el mercado negro millones de fichas

La iniciativa de las oficinas de Consumo amplió el impacto que ya habían tenido las revelaciones de Detlef Tiegel, empleado de una agencia de ventas telefónicas en Lübeck. Tiegel envió un CD con datos de 17.000 alemanes a la oficina del consumidor del Estado federado de Schleswig Holstein.

El ex telefonista -que perdió su empleo tras dar este paso- explicó a la oficina de consumidores que su trabajo en la agencia consistía en ofrecer suscripciones a una lotería alemana, una práctica legal y común en el sector. Sin embargo, además de importunar a los desprevenidos clientes que respondían a sus llamadas telefónicas, Tiegel y sus colegas tenían la orden de comprobar si sus cuentas bancarias se correspondían con los datos que la empresa había obtenido de contactos dudosos. Si las víctimas eran lo suficientemente incautas para confirmar los datos, la agencia usaba la conversación grabada para reclamar dinero de las cuentas. En caso de reclamación, los agentes demostraban que habían hablado por teléfono y alegaban haber recibido permiso.

Tras la denuncia de Tiegel, cientos de alemanes, especialmente ancianos, se han percatado tarde de que faltan cantidades pequeñas de sus cuentas corrientes. Cada estafa de este tipo, que están mucho más extendidas de lo que se creía, oscila entre los 30 y los 100 euros, según las oficinas de consumidores.

Tiegel pretendía con su denuncia "hacer una pequeña demostración" de la baja calidad de la protección de los datos que circulan por el país. El ex telefonista asegura que sólo la agencia para la que trabajaba tenía información sobre 1,5 millones. "Estamos ante un robo masivo, de una magnitud desconocida", señaló Billen, que sostiene que el uso fraudulento de datos es una práctica extendida. Las informaciones sobre que otra agencia telefónica de Bremerhaven había accedido a la base de datos del gigante Telekom, con 30 millones de clientes, acentuaron aún más la polémica.

El ministro federal de Economía, el socialcristiano Michael Glos (CSU), abogó ayer por medidas más restrictivas para el comercio con datos de consumidores. En una entrevista concedida al dominical Bild am Sonntag, Glos aseguró que "si no hay otra manera de proteger a los consumidores de las actividades delictivas, debemos plantearnos la prohibición total del comercio con datos personales". Según el semanario Der Spiegel, el ministro de Interior Wolfgang Schäuble (CDU) prepara una "reunión de crisis" con sus colegas de Justicia, Consumo y Economía para tratar el asunto.

La asociación alemana de telemarketing (DDV) trata de salvar la cara de las empresas del sector a las que representa. El portavoz Patrick Tapp pedía el sábado que "no se generalice" a partir de una empresa cuyas prácticas "ya son punibles según la ley actual". Las compañías que se dedican al marketing telefónico tienen pésima reputación, primero porque son un engorro para los que no quieren recibir llamadas no solicitadas en sus hogares y, además, por las abusivas condiciones de trabajo que a menudo ofrecen a sus empleados.

Las críticas contra el abuso de datos personales alcanzan también a las bases de datos públicas, que almacenan las informaciones más sensibles sobre los ciudadanos. Thomas Hagen, de la oficina del consumidor de Schleswig Holstein, explicó la semana pasada al diario Süddeutsche Zeitung que "hay diversos indicios de que las propias administraciones intercambian datos de forma ilegal".

La ley alemana castiga con multas de hasta 250.000 euros el uso indebido de datos privados. En casos como el descrito por Tiegel, los estafadores comenten un delito penal que puede llevarlos a la cárcel por dos años. Algunos defensores del consumidor están de acuerdo con la DDV en que no es necesario cambiar la ley ni endurecerla, tan sólo aplicarla.