Europa busca a los responsables del hundimiento del 'New Flame"
El Defensor del Pueblo Europeo traslada el caso al Ejecutivo de la UE
La Comisión Europea investigará la posible negligencia medioambiental de las administraciones competentes en el naufragio del New Flame y sus consecuencias para la Bahía de Algeciras. Así lo anunció ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que "finalmente" recibió la respuesta de su homólogo europeo, Nikioforos Diamandouros, a la queja sobre la "preocupante" dilación en la retirada del barco chatarrero.
El New Flame, procedente de Gibraltar, chocó contra un petrolero danés el 12 de agosto de 2007 y estuvo a punto de crear un desastre ecológico. Un año después, restos de la colisión siguen cerca de la costa de Algeciras.
Los ecologistas acogieron ayer con satisfacción la investigación abierta sobre la gestión del hundimiento en la Bahía de Algeciras, un lugar catalogado por la Unión Europea, como Lugar de Interés Comunitario (LIC). "No sería la primera vez que la Comisión Europea sanciona al Reino Unido por incumplimiento de la normativa comunitaria", declaró ayer el Defensor del Pueblo Andaluz.
La agrupación Verdemar-Ecologistas en Acción ya había presentado en Bruselas una denuncia contra el Gobierno gibraltareño por la "mala gestión del accidente". Solicitaban responsabilidades penales a Gibraltar, además de denunciar las operaciones de bunkering (carga y descarga de combustible) que se realizan en aguas próximas al Peñón. Chamizo teme que se produzca una "nueva agresión al medio ambiente" si no se toman cartas en el asunto.
Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar, señaló que "el objetivo de estas actuaciones es crear un organismo que impida que hechos de este tipo y operaciones como las que aquí se realizan, estén exentas de la vigilancia adecuada". Muñoz valora ahora de forma "muy positiva" el paso adelante del Defensor del Pueblo Europeo y señala que, aunque las actividades económicas en esta zona están permitidas, "se debe tener en cuenta cualquier efecto potencial que pudieran producir".
La Comisión Europea se pronunciará ahora sobre la posible vulneración de la normativa medioambiental, aunque Chamizo está convencido de que "el incumplimiento es evidente".
La Junta de Andalucía mantiene dos reclamaciones: una contra la aseguradora del barco y otra contra el Reino Unido.
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