La trama corrupta balear dejó otro agujero de 1,8 millones

La corrupción en el seno del Consorcio de Turismo Joven durante el anterior Gobierno balear de Jaume Matas (PP), destapada por la Fiscalía Anticorrupción, pasó una carísima factura en forma de deuda millonaria. Los investigadores definen la situación económica del consorcio como "de quiebra técnica", y los actuales gestores recuerdan que el departamento necesitó, en reiteradas ocasiones, la aprobación de partidas extraordinarias para sufragar los gastos. El vaciado de las arcas públicas, supuestamente dirigido por el entonces jefe de Servicios y Mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, afectó de lleno a la gestión de los proyectos, programas e instalaciones que dependían directamente de la entidad. Entre ellos, la organización y financiación de viajes de estudios en el extranjero, las rutas internacionales y también el circuito de albergues.

Ayer, el máximo responsable de Cultura del Consell de Menorca, Joan Lluís Torres, cifró en 1,8 millones de euros el "agujero" provocado en la isla por la anterior cúpula directiva de Turismo Joven. Torres advirtió de que esta deuda se debe "a la mala gestión o al comportamiento delictivo" de los anteriores responsables del consorcio y reclamó la dimisión de la entonces consejera de Presidencia, Rosa Puig, hoy en la oposición del Consell de Mallorca. "Deben asumirse responsabilidades", pidió Torres, "ya sea por incompetencia, porque la consejera no tenía ni idea de lo que ocurría en su departamento, o, lo que es peor, por complicidad [con el entramado corrupto]

". Puig, por su parte, afirmó la semana pasada que no hizo nada malo, y que no veía "qué tipo de responsabilidad" podía tener ella.

Instalaciones juveniles

El dinero se debió haber destinado a la construcción del albergue juvenil de Ciutadella, Sa Vinyeta, presupuestado en 2,3 millones de euros, de los que únicamente se pagaron unos 500.000. El resto, 1,8 millones, se adeudan tanto al propio Consell de Menorca como a las empresas constructoras del edificio. Un caso similar afecta al albergue de La Victòria, en Alcudia (Mallorca), en el que se presupuestaron obras y reformas por cerca de 19.000 euros. Un dinero procedente de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), que nunca llegó a invertirse: fue presuntamente desviado por Gosálbez y su esposa a través de una sociedad fantasma.

Gosálbez, el principal imputado en la trama, permanece en prisión incondicional, acusado de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsificación documental. Supuestamente se habría autoalquilado un local por 648.000 euros y habría cobrado comisiones de hasta 60.000 euros a cambio de adjudicar contratos. Se investiga también la implicación de los otros imputados, entre ellos el ex gerente de Turismo Joven, Damián Amengual, y el director de Juventud del Gobierno balear, Juan Francisco Gálvez. El pago de gastos personales -viajes, hoteles, restaurantes- con dinero público podría superar los 30.000 euros.