La Junta acepta un pago "flexible" de la deuda histórica por la crisis

El cobro de la deuda histórica será "flexible" debido al momento económico actual, según admitió ayer el vicepresidente primero del Gobierno autonómico, Gaspar Zarrías, en Málaga. La fecha límite para que la Junta y el Gobierno Central lleguen a un acuerdo sobre a cuánto asciende la cifra es el próximo 20 de septiembre, según fija el Estatuto andaluz. A partir de esa fecha se establecería un plazo máximo de tres años para cobrar lo pactado. De momento no hay acuerdo entre la Junta y la oposición (PP e IU) en Andalucía para establecer la cifra y según anunció Zarrías será difícil que se produzca.

De las palabras de Gaspar Zarrías se desprende que hay buena disposición por ambas administraciones para llegar finalmente a un pacto y saldar un pago que se ha retrasado durante 26 años. Dos décadas sin una cifra exacta para cobrar los fondos excepcionales que la comunidad debió recibir del Estado por la prestación de los servicios transferidos en la década de los ochenta. Sin cifra, pero con dos adelantos que suman 420 millones de euros. El primero de 120 millones, pactado en 1996 bajo el Gobierno de Felipe González, y el segundo de 300 millones que se ha saldado esta legislatura.

"Difícil" acuerdo

Donde no hay entendimiento es en casa. De momento, el ejecutivo de Manuel Chaves y la oposición autonómica (PP e IU) no han acordado a cuánto asciende la cifra de la deuda histórica. "Conociendo a Javier Arenas -presidente del PP Andaluz- eso va a ser bastante difícil", afirmó ayer Zarrías, que no esconde que la negociación con sus rivales políticos será dura, aunque no están obligados a entenderse. Quien decide es Junta y Gobierno central.

Se desconoce la cifra a la que puede ascender, pero sí hay estimaciones. Según el Ejecutivo autonómico, ésta podría oscilar entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros. La cifra oficial aún no se ha hecho pública, aunque Zarrías confirmó ayer que "será rigurosa y ajustada".

Manuel Chaves, en su debate de investidura el pasado mes de abril, aseguró que los servicios afectados por la deuda histórica "deben ser" educación, sanidad, vivienda y servicios sociales.