México crea una unidad policial para luchar contra los secuestros

El Gobierno mexicano ha creado un cuerpo policial de élite para combatir el secuestro y ha convocado un pacto nacional con las autoridades de los Estados y los municipios para depurar las fuerzas de seguridad. Estas iniciativas se producen en medio de una oleada de indignación provocada por el secuestro y asesinato de un niño de 14 años, hijo de un empresario, en el que hay implicados agentes policiales.

La fuerza de élite estará formada por 300 agentes y podrá actuar en todo el país

El cuerpo de reacción rápida antisecuestro estará formado por 300 agentes repartidos en cinco regiones del país. Los equipos estarán alerta las 24 horas y trabajarán como una fuerza de despliegue inmediato para apoyar la solución de casos en cualquier lugar de México. Estas unidades trabajarán estrechamente con las autoridades de los 32 Estados mexicanos para compartir información sobre secuestradores en una base de datos denominada Plataforma México.

Simultáneamente, el secretario de Gobernación [ministro del Interior], Juan Camilo Mouriño, anunció un pacto nacional por la seguridad, dirigido a combatir el crimen organizado en todo el país y a depurar los cuerpos policiales.

Un borrador del acuerdo, que está siendo consensuado con todos los partidos, será enviado la próxima semana a los gobernadores estatales y a las autoridades municipales, así como a agentes sociales, para establecer una estrategia conjunta y fijar una serie de compromisos en el combate a la corrupción. "Es necesario que cada Gobierno estatal y municipal someta a estrictos controles de confianza a sus cuerpos de seguridad", señaló el ministro.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, dijo el lunes, en un acto público, que los mexicanos han lanzado un desesperado "Basta" ante la delincuencia y la impunidad. "Yo coincido con esa voz ciudadana que nos exige a todas las autoridades que nos coordinemos para dar resultados, que cumplamos con nuestro deber, que terminemos la corrupción en los cuerpos policiales".

La iniciativa presidencial se presenta como una labor titánica, si se tiene en cuenta la situación descrita por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: un índice de impunidad del "99% de los delitos que se cometen, una irreducible desconfianza social en las corporaciones de policía, que propicia que sólo se denuncie un 10% de los delitos; una sabida ineficiencia en la mayoría de las investigaciones; sentencias condenatorias en menos del 1% de los casos que llegan a los tribunales y sistemas penitenciarios en su mayoría ineficientes y rebasados por la corrupción".

El año pasado se registraron en México 438 secuestros, un 35% más respecto al año anterior, pero organizaciones relacionadas con la seguridad indican que la cifra puede ser el triple, por los casos no denunciados.

Varias manifestaciones para protestar contra la inseguridad se han convocado para finales de este mes. La gota que ha colmado la paciencia ciudadana ha sido el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo de un empresario del sector deportivo, cometido por policías judiciales de Ciudad de México, con la presunta participación de agentes federales. El secuestro se produjo en junio pasado, y el cadáver del niño fue hallado en el maletero de un coche el pasado 31 de julio, a pesar de que la familia pagó el rescate. El empresario Alejandro Martí afirmó que recurrió a los servicios de un negociador privado para buscar el rescate de su hijo Fernando, por la desconfianza en la policía: "Los que se lo llevaron eran uniformados y lo que menos queríamos era saber de la policía".

Más de 300 agentes policiales, entre municipales, estatales y federales, han caído muertos en la lucha contra el narcotráfico en 2008, decenas de ellos perdieron la vida en las trincheras de la delincuencia, a las que han saltado desde hace muchos años. De acuerdo con el analista Federico Berrueto, hay policías que se han convertido en secuestradores, como en el caso Martí, o en sicarios, como ocurrió en el Estado de Jalisco, donde un comando formado por agentes policiales asesinó a seis miembros de una familia, lo que contribuyó a aumentar la crispación social. La semana pasada, el presidente Calderón instó al Congreso a aprobar una ley para condenar a los secuestradores a cadena perpetua. En Ciudad de México, el alcalde, Marcelo Ebrard, ha decidido disolver la Policía Judicial, dos de cuyos miembros son los principales sospechosos del secuestro y crimen de Martí, y crear una Policía Investigadora que trabajará de civil en las calles donde el delito es común. Según el analista Roberto Rock, "sólo en el Distrito Federal, durante los últimos ocho años, más de 60 víctimas de secuestro fueron asesinadas. Ni siquiera hay cifras confiables sobre el resto del país".