El juez ratifica una sanción de 30.000 euros a la antigua Auna
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Barcelona ha confirmado la sanción de 30.000 euros que la Generalitat impuso en marzo de 2007 a Auna Telecomunicaciones, adquirida por el operador ONO, por publicidad engañosa, según publicó ayer el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
El Gobierno catalán abrió un expediente sancionador grave a la empresa porque su publicidad daba pie al error. "Contiene información en letra grande que es matizada en la parte de debajo o detrás del anuncio en letra pequeña", argumenta la sanción. Es decir, el mensaje principal del anuncio de Auna obviaba las condiciones técnicas y de precio de la oferta, que se matizaban en letra pequeña.
La sanción a Auna se produjo a raíz de una campaña de inspecciones que la Generalitat realizó entre 2006 y 2007. En conjunto, la Agencia Catalana del Consumo (ACC) impuso 500.000 euros a varias compañías de telefonía, sobre todo por publicidad engañosa y por las dificultades con las que se encuentra el cliente, por ejemplo, para darse de baja del servicio.
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