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Reportaje:

Un infierno para 600 mujeres

Una red mafiosa las secuestró y forzó a prostituirse en 26 clubes de alterne

El poniente almeriense es famoso por el mar de plásticos que lo cubre, la huerta de Europa que ha convertido una zona antaño deprimida en una de las de mayor renta por habitante del país. También es conocido, a un nivel más subterráneo, por la profusión de clubes de alterne que, entre invernadero e invernadero, salpican toda la comarca. Un paraíso para los asiduos al sexo de pago y un infierno para miles de mujeres de nacionalidad rusa. Casi 600 fueron identificadas tras ser secuestradas y forzadas a prostituirse en 14 burdeles de esta comarca y otros 12 del resto del país, según el Cuerpo Nacional de Policía.

La mayor parte llegaron convencidas de que venían a trabajar "en los invernaderos de Almería o en la recogida de la fresa en Huelva", explica José Nieto, inspector jefe de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) de la Policía Nacional. Unas pocas sí sabían a lo que venían; pero eran engañadas en cuanto a las condiciones. Una vez en España perdían todos sus derechos, incluida la libertad de movimiento.

Este caso de esclavitud en pleno siglo XXI ha salido a la luz tras 20 meses de trabajo de la UCRIF en colaboración con la Unidad de Delitos Monetarios de la Policía Judicial y diferentes policías locales. La colaboración de las autoridades rusas ha sido, asimismo, vital para el éxito de la operación.

A finales de 2006, la UCRIF y el Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido comenzaron a sospechar de las actividades de algunos de los muchos burdeles que rodean la ciudad. Las primeras pesquisas condujeron, cuatro meses después, a la detención de 17 personas y al cierre de tres locales. Se intervino, además, abundante documentación -agendas, contabilidad, grabaciones telefónicas- que evidenciaba un tráfico ilegal de personas para su explotación sexual a una escala nunca vista. Tirando de este hilo, la Policía ha llegado a desmadejar una enmarañada red mafiosa hispano-rusa. La llamada Operación Zarpa es el mayor golpe a las mafias de explotación sexual de la historia en España. Hay 99 detenidos, 30 en prisión preventiva, y 599 mujeres rusas han sido identificadas en los 26 clubes clausurados; aunque la policía cree que son sólo una pequeña parte de las que eran controladas por la mafia.

La red llevaba trabajando al menos cuatro años y, dado el dinero enviado a Rusia -unos 2,5 millones de euros con los que se pagaba a los agentes que colaboraban con las madames rusas en la captación de futuras esclavas sexuales- y la documentación incautada, la cifra de 10.000 víctimas podría no ser exagerada, en opinión de la policía.

Cada uno de los clubes estaba regentado por un matrimonio hispano-ruso. El marido, español, era el encargado de la gestión empresarial del local. Su mujer, rusa, se ocupaba de captar a jóvenes en su país natal, traerlas engañadas y obligarlas a prostituirse una vez estaban aquí. El control que la red imponía a las chicas era tan férreo que residían en los propios clubes cuando éstos tenían licencia de hostales. Y si no, lo hacían en pisos cercanos donde convivían con topos, antiguas víctimas que habían ascendido en la red criminal y se dedicaban a delatar a sus compañeras cuando éstas intentaban rebelarse.

Para impedir que las chicas denunciasen su situación, la red recurría a la violencia física, pero también a la psicológica. "Amenazaban a las chicas con ir a por sus familiares en Rusia y, desde el principio les metían en la cabeza la falsa idea de que la policía estaba comprada y que si denunciaban se reirían de ellas", asegura Nieto. Había amenazas y agresiones para las que se portaban mal y premios y "regalitos" para las que se plegaban a las demandas de la red. De las 599 que la policía ha liberado, sólo 20 se han acogido a la posibilidad de denunciar su situación de víctimas y regularizar su situación en España. La mayoría no quieren testificar, bien sea por miedo, bien por síndrome de Estocolmo.

Las pruebas documentales reunidas contra la red son, a juicio del mando policial, suficientes para que el juez los halle culpables de distintos delitos relacionados con la prostitución, la explotación laboral y el blanqueo de dinero. "Pero el testimonio de las propias víctimas tendría un valor mucho mayor", asegura.

En la última fase de la operación, desarrollada entre esta primavera y la pasada semana, la policía ha detenido a nueve personas acusadas de pertenecer a la red mafiosa y ha solicitado al juez el cierre cautelar de los locales Manhattan, H2 y Carambola, en El Ejido y Canela, en Roquetas de Mar. Los tres primeros se encuentran en la misma calle ejidense que otros dos clubes clausurados en la primera fase de la actuación policial. Tan cerca unos de otros que podían intercambiarse a las chicas para mantener satisfecha a una clientela que valoraba tanto la belleza escultural de las eslavas como las novedades.

El núcleo de la red mafiosa se asentaba entre Roquetas y El Ejido, donde controlaba 14 clubes. Pero sus tentáculos llegaban a Girona, Granada, Lleida, Cáceres y Jaén. El gran volumen de ingresos que generaban sus locales derivó en entramados societarios que permitían blanquear las ganancias obtenidas. El dinero era muchas veces reinvertido en negocios legales como la compraventa de inmuebles. Otras veces se utilizaban las ganancias para comprar chicas a otros clubes. La propiedad real de los establecimientos quedaba oculta mediante hombres de paja, jóvenes, normalmente rusos, a quiénes pagaban por registrar a su nombre los burdeles.

La autoridad judicial ha detectado que una decena de los 26 locales, los primeros que se clausuraron, ya han vuelto a funcionar al vencer el cierre cautelar. Los nuevos propietarios, según explican fuentes policiales, "están tratando de camuflar su actividad" y han obtenido licencia como pubs. Antes del cierre funcionaban como moteles, unos moteles muy rentables que tenían siempre todas sus habitaciones completas y contaban con unos beneficios netos anuales de medio millón de euros cada uno, de acuerdo con la documentación incautada.

"Pedir que denuncien es demasiado"

La Ley de Extranjería y la consiguiente orden de expulsión es lo único que el Estado ha ofrecido a la mayor parte de las 599 mujeres liberadas en la Operación Zarpa. Excepto para las 20 que denunciaron su situación en el momento de ser identificadas por la policía y que ahora son testigos protegidos. Las ONG de ayuda a víctimas de la prostitución urgen al Gobierno a que apruebe el Plan Nacional de Acción contra la Trata (PNAT) para mejorar la ayuda a estas mujeres y, al mismo tiempo, facilitar su colaboración con la justicia.

"Hemos contactado con varias chicas que fueron sacadas de los clubes en la última fase de la Operación Zarpa. Están en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Almería, a la espera de ser devueltas a Rusia", explica Rocío Nieto, de la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas (Apramp). Esta ONG espera sacarlas de allí y ofrecerles atención específica; pero para ello, lo primero es denunciar.

"Pedir que estas mujeres denuncien a una organización criminal de una forma inmediata es demasiado", considera Marta González, de Proyecto Esperanza. Esta última asociación, al igual que Apramp, colabora con el Cuerpo Nacional de Policía para ofrecer ayuda a las víctimas de las mafias del sexo. Ambas insisten en que es necesario un tiempo de reflexión de un mes antes de denunciar, tal y como prescribe el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Durante este tiempo, las víctimas estarían protegidas y no serían tratadas como inmigrantes irregulares. Esta medida está incluida en el PNAT, que se anunció la pasada legislatura y entrará en vigor el 10 de diciembre, coincidiendo con el día mundial de los Derechos Humanos.

Este plan también formalizará los protocolos de colaboración que existen entre la Policía y las ONG de ayuda a las víctimas de la trata. Cada año, más de un centenar de mujeres pasa por los pisos de acogida de Apramp y Proyecto Esperanza; muchas de ellas llegan tras las operaciones policiales contra las redes mafiosas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de agosto de 2008

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